Gobierno Vasco y PNV afean al PP por no querer «reparar» a las víctimas policiales

Fernández ha comparecido en comisión parlamentaria a petición de EH Bildu para dar su opinión sobre el recurso contra la «Ley de Reconocimiento y Reparación de Víctimas de Vulneraciones de Derechos Humanos en el contexto de la violencia política en la Comunidad Autónoma Vasca entre 1978 y 1999», que ha supuesto la suspensión temporal del núcleo principal de esta norma. No obstante, el principal enfrentamiento se produjo con el PP.

Fernández ha calificado de «incomprensible» el recurso del Estado y ha asegurado que con la petición de una «suspensión tan extensiva de la ley» el Ejecutivo demuestra que no comparte el derecho a la reparación de las víctimas. El portavoz del PNV, Iñigo Iturrate, liberado de los corsés del cargo, ha ido todavía más allá. Ha denunciado que el PP no tiene ningún deseo de reparar a las víctimas de abusos policiales», ha reprochado a los populares su falta de voluntad política y no ha ocultado su falta de confianza en el Constitucional, recordando la enmienda que le acaba de hacer la justicia europea en el caso Atutxa. El parlamentario popular Carmelo Barrio no se ha arredrado y ha arremetido contra una ley mal confeccionada y mal tramitada, y que ha batido record de fugacidad parlamentaria.

Por su parte, Julen Arzuaga (EH Bildu) ha emplazado al Gobierno Vasco a elevar el «listón de exigencia» ante el Estado, mientras la socialista Rafaela Romero ha apelado a abandonar la «guerra de informes jurídicos y competencias» para dar una salida viable a una norma que ha considerado «constitucional».

«Encuentro social»

En el mismo marco, Fernández ha presentado el plan de paz y convivencia del Ejecutivo de Iñigo Urkullu para la legislatura. A falta de dos semanas para el fin del plazo de aportacines, el responsable de convivencia ha expuesto los grandes retos. Para 2020, final de la legislatura, espera alcanzar un «gran acuerdo político y social» para acercar a los presos; lograr una autocrítica sobre el pasado de violencia, fijando la principal responsabilidad en ETA; reparar a todas las víctimas, también las de abusos policiales; y alcanzar la convivencia social «normalizada». Asimismo habla de la necesidad de la «desaparición de ETA» para lograr un «final ordenado de la violencia».

En una exposición en euskera y castellano, ha defendido un acuerdo social y político que garantice el «nunca más». La política penitenciaria es uno de los puntos clave.Ha reclamado a los presos del EPPK que se acojan a las vías legales e individuales de progresión de grado y reinserción, con diferentes expresiones de reconocimiento a las víctimas y distanciamiento respecto a la violencia. El plan reclamará, asimismo, la transferencia de Prisiones.