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Daniel Fernández Aceña, en el momento de su detención en la localidad segoviana de Valsaín.
Un yihadista bajo la sombra del caso Brouard

Un yihadista bajo la sombra del caso Brouard

Aceña, sicario de los GAL, acaba detenido por salafismo

Lourdes Pérez

Miércoles, 14 de diciembre 2016, 07:37

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El pasado sangriento de los GAL ha regresado a la memoria colectiva de la Euskadi marcada por la violencia terrorista a través de dos caminos rocambolescos. El primero vino de la mano de la polémica reaparición del exsecretario de Estado de Seguridad Rafael Vera, condenado por el secuestro de Segundo Marey y el saqueo de los fondos reservados, al calor de la serie televisiva 'El padre de Caín', basada en la novela sobre la lucha contra ETA en Intxaurrondo escrita por él mismo. Ayer, la sombra de los GAL volvió a aflorar, esta vez por una vía que demuestra hasta qué punto la realidad puede superar cualquier ficción.

La Guardia Civil detuvo en Segovia a una suerte de 'lobo solitario' de 57 años, llamado Daniel Fernández Aceña, acusado de haber abrazado la Yihad y de albergar, según Interior, «la determinación de cometer un atentado» tras su paso por Afganistán, Siria y Palestina. El arrestado , natural de Irun, no es un cualquiera: fue uno de los siniestros sicarios de los GAL, sentenciado a 30 años de cárcel por matar el 1 de marzo de 1984 en Hendaia al empleado ferroviario Jean-Pierre Leyba -sin relación alguna con ETA- e implicado por sus declaraciones en los sumarios por los asesinatos de Santiago Brouard y de Juan Carlos García Goena, envueltos aún en la impunidad.

Tres décadas después, Fernández Aceña volverá a la Audiencia Nacional. Será mañana, para someterse al interrogatorio de la jueza Carmen Lamela. Interior le considera un delincuente «muy peligroso», que se habría ido radicalizando hasta el extremo de sumarse a la 'guerra santa'. Los agentes registraron su domicilio en Valsaín y otra vivienda en La Granja, en las que se incautaron de vídeos «escabrosos» con decapitaciones -sanguinaria seña de identidad del ISIS- y material para adoctrinar. La investigación pretende aclarar el grado de conexión del detenido con la estructura terrorista, si contaba con la colaboración de terceros y hasta dónde podía haber ideado la comisión de un atentado.

Mercenarios y tráfico de armas

Las citas en prisión y los tensiómetros en la Audiencia

  • Txema Montero, el abogado de la familia Brouard, se cruzó por primera vez con Daniel Fernández Aceña en diciembre de 1988 en la cárcel de Zamora. El recluso quería canjear lo que decía saber del asesinato del dirigente de HB a cambio de su reinserción. Al otro lado del teléfono, Montero recuerda cómo le derivó a 'El francés' a través de una consigna secreta y cómo siempre le pareció un asesino «peligrosísimo», «mitómano» y muy pagado de sí mismo que se situaba en el centro de supuestos manejos de alto copete. Aceña tenía ideología -«muy facha»- labrada según contaba en sus broncas de instituto en Irun con la izquierda abertzale, a diferencia de los mercenarios que mataban solo por dinero. El presunto yihadista se entregó tras acabar con Leyba porque creía que iba a contar con cobertura.

  • El percal de los GAL, un cóctel de servidores del Estado sin escrúpulos, sicarios a sueldo y personajes de baja estofa, desfiló por la Audiencia de Bizkaia en los dos juicios del caso Brouard. Los periodistas que cubrieron la segunda instrucción se habituaron a ver, por ejemplo, cómo el abogado José Emilio Rodríguez Menéndez, al que su mujer trató de asesinar por encargo en pleno proceso, se medía la ansiedad en los pasillos con dos tensiómetros.

La peripecia de Fernández Aceña es un misterio desde que abandonó la prisión, hace casi veinte años. El 9 de junio de 1999 testificó ante el entonces juez de Instrucción número 1 de Bilbao, José Luis González Armengol, quien había reabierto la causa por el asesinato basándose en las confesiones del ahora presunto yihadista, del también mercenario de los GAL Mohand Talbi y de Juan José Rodríguez Díaz, alias 'El francés', quien había purgado varios años de cárcel como proveedor de la carabina italiana y la pistola de fabricación sueca utilizadas para matar a Brouard el 20 de noviembre de 1984 en su consulta de pediatría; la aterradora lista de declarantes la completaba el testigo protegido 2864, un supuesto colaborador de los servicios secretos españoles cuya credibilidad se derrumbó al situar en Reno la constitución de ETA. «A mí no me importa lo que hagan mis clientes con las armas que les vendo», se había desentendido 'El francés' en el primer juicio en la Audiencia de Bizkaia.

El 14 de mayo de 1993, el tribunal que presidía Joaquín Giménez atribuyó la autoría a un mercenario del 'lumpen', Rafael López Ocaña, y sentenció a Rodríguez Díaz por traficar con armamento. Los jueces siempre se condolieron por no haber podido identificar ni al segundo asesino ni a los inductores. A finales de los 90 lo intentó el magistrado Armengol, quien llegó a enviar a prisión al exdirector general de la Seguridad del Estado, Julián Sancristóbal, al teniente coronel de la Guardia Civil Rafael Masa y al excomisario José Amedo. En un auto demoledor, el instructor acusó a Amedo de haber planificado el crimen en un hotel de Bilbao y a Sancristóbal de financiarlo con 50 millones de pesetas.

El nuevo juicio tropezó ante el mismo muro de la insuficiencia probatoria y los tres imputados fueron absueltos. La Justicia volvió a indagar en 2014, cuando el empresario Luis Morcillo, siempre sobrevolando en el sumario, se confesó como el segundo asesino en unas cintas aportadas por Amedo. La Audiencia desconfió y renunció a reabrir la causa, sobre la que pende la duda -y la impunidad- de si fue el 'GAL verde' o el 'azul' el que estuvo detrás. El testimonio del hoy yihadista Aceña no sirvió para dilucidarlo y tampoco para que la investigación del asesinato del objetor García Goena fructificara.

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