La explicación de Maroto por el caso 'San Antonio'

Javier Maroto, vicesecretario sectorial del PP. /
Javier Maroto, vicesecretario sectorial del PP.

El exregidor y actual vicesecretario sectorial del PP destaca que «no hay corrupción ni ningún ilícito penal» y recuerda que «el PNV, con 26 imputados por el caso De Miguel, debería estar callado estos días»

EL DIARIO VASCO

El exalcalde de Vitoria Javier Maroto, actual vicesecretario general del PP, ha publicado este lunes en diferentes redes sociales su valoración sobre la condena del Tribunal de Cuentas contra él y contra el ministro de Sanidad en funciones y también exregidor de Vitoria Alfonso Alonso por el llamado 'caso San Antonio', por el que se les ha impuesto una multa cercana a los 400.000 euros junto al resto de aquella Corporación que presidió el actual ministro.

El caso tiene su origen en el alquiler, por parte del equipo de gobierno municipal del que Alonso era alcalde y Maroto concejal de Hacienda, de unas oficinas en la calle San Antonio de Vitoria a un conocido empresario de la ciudad por las que el Ayuntamiento abonó un precio superior al de mercado en opinión de los técnicos municipales que informaron y cuyo contrato se blindó por espacio de 20 años. Todo ello, de acuerdo al Tribunal de Cuentas del Reino, significó un quebranto a las arcas públicas de la ciudad.

En su escrito, Maroto reproduce la defensa que el PP ha desplegado en los últimos días. Que se trata de un proceso administrativo, no penal; que el fallo está firmado por una consejera del Tribunal de Cuentas del PSOE propuesta por Izquierda Unida y que el fondo del asunto es que el Ayuntamiento creyó que debía pagar más por el alquiler de lo que marcaron los técnicos municipales por el estado del mercado inmobiliario en aquel momento, en plena burbuja. Además, recuerda al PNV, que ha ejercido la acusación ante el Tribunal de Cuentas, que tiene «26 imputados en Álava por 'Caso de Miguel'», que salpica a destacados exdirigentes jeltzales alaveses y sus familias.

«El viernes se conoció la decisión del Tribunal de Cuentas sobre el alquiler de las oficinas de la calle San Antonio de Vitoria. Respeto la resolución desfavorable de la consejera nombrada en ese tribunal a propuesta de IU, pero no la comparto», ha selñalado Maroto. «Y, por supuesto, la vamos a recurrir. Espero que la sentencia definitiva pueda salir antes del 26J y este asunto quede resuelto de una vez».

«Es importante resaltar», agrega, «que no se trata de un tribunal penal o de la justicia ordinaria. De hecho, la denuncia ante la justicia quedo archivada inmediatamente por el fiscal hace mucho tiempo. Ni siquiera se admitió a trámite. También quiero dejar claro que en esta demanda los denunciantes (PNV, entre ellos) no han hablado nunca de corrupción. Ni siquiera de algo ilícito o penal», subraya Maroto.

«Lucho contra la corrupción»

Maroto se hace dos dos preguntas: «Entonces», dice, «si no es una denuncia por corrupción o de algún otro delito penal, ¿De qué se trata? La respuesta es que estamos hablando de un expediente administrativo en el que se discute por el precio al que fue alquilado el local», apunta, que efectivamente fue superior al que recomendaron los técnicos locales. «Sin embargo, en la sentencia se deja claro que el Ayuntamiento debe pedir un informe orientativo sobre el precio que se debe pagar pero puede variarse cuando el precio de mercado es mayor, como en este caso. Es decir, estamos discutiendo si el precio debe ser 10¤/m2 o 12¤/m2. Tomamos la decisión que los técnicos nos recomendaron y siempre hemos defendido su profesionalidad», ha añadido.

«¿Por qué se puso entonces esta denuncia por parte del PNV, entre otros? La denuncia», se responde el propio Maroto, «se introduce 6 años después de firmar el contrato y en mitad de la campaña electoral de las elecciones municipales con el ánimo de que no hubiese resolución definitiva hasta después de los comicios. Pero vamos a hablar claro. El PNV ya conocía entonces que tendría en Vitoria 26 imputados por corrupción por cobro de comisiones. Les piden 458 años de cartel y más de 63.000.000¤ en multas. El PNV estaría mejor callado en estos días y no dedicarse a difamar como está haciendo el alcalde de Vitoria, Gorka Urtaran, compañero de escaño de alguno de esos imputados».

«Siempre he dado la cara por mi ciudad y por mis ideas con la cabeza muy alta. Y lo voy a seguir haciendo. Y luchando contra la corrupción. De forma contundente. Ahora mas que nunca», zanja el alcalde.