Alonso confía en que la vista sobre el caso San Antonio «aclare todo»

El ministro de Sanidad y presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, ha expresado este lunes su "confianza" en que el juicio contable que se celebra contra él en el Tribunal de Cuentas por el llamado caso San Antonio sirva para "que se aclare todo" porque, ha insistido, actuó "conforme con el interés de la ciudad".

El juicio que se celebra en la sede del Tribunal de Cuentas en Madrid dirime si hubo un perjuicio económico para el Ayuntamiento de Vitoria en el contrato de alquiler firmado por el gobierno municipal que lideraba Alonso en 2007 de unos locales para albergar oficinas municipales.

En este caso figura también como demandado el actual secretario sectorial del PP, Javier Maroto, que era concejal de Hacienda en aquel momento.

Ninguno de ellos tenía obligación de acudir a la vista, motivo por el que Alonso ha podido presidir ete lunes la reunión del Comité Ejecutivo del PP vasco en San Sebastián, tras lo que ha ofrecido una rueda de prensa en la que se ha mostrado "contento" de que "por fin" se pueda cerrar este asunto.

"Estamos confiados, porque sabemos qué es exactamente lo que hay", ha indicado el exalcalde vitoriano, quien ha explicado que "nunca ha estado en discusión" la legalidad de la operación, sino que lo que el juicio pretende dilucidar es si dicha actuación era "conforme con el interés general y público".

"Estamos en condiciones de acreditar que fue actuación respetuosa y conforme con el interés de la ciudad", ha añadido el dirigente popular.

Visto para sentencia

Pocas horas después, el Tribunal de Cuentas ha dejado visto para sentencia el juicio. Este tribunal ha estado investigando el alquiler por 20 años de un local de unos 900 metros cuadrados, situado en la vitoriana calle de San Antonio, para albergar oficinas municipales. A Alonso y Maroto acusan los grupos municipales del PNV y del PSE, así como la nueva corporación municipal que dirige Gorka Urtaran (PNV).

Según las acusaciones, en ese arrendamiento podría haber una "responsabilidad contable" por parte del entonces gobierno local, por entender que pactó con el dueño del local, el empresario Gonzalo Antón, una renta superior a la recomendada en un informe redactado por el técnico municipal.

En la vista se han escuchado las grabaciones de algunos altos funcionarios del Ayuntamiento que testificaron en la comisión de investigación creada por el Consistorio en 2013, como el que era director de Hacienda en aquella época, Iñaki Díez Unzueta, quien argumentaba que las oficinas de San Antonio eran idóneas para unificar el servicio de atención al ciudadano y la Oficina Municipal de Turismo, ya que el local donde se ubicaba esta última había finalizado el contrato de alquiler.

Sin embargo, los abogados que ejercen la acusación en nombre del Ayuntamiento y del PNV y el PSE-EE se han amparado en los dos años largos de obras en esas oficinas para negar la urgencia.

La defensa de los demandados, en cambio, ha insistido en que no hubo ni infracción presupuestaria ni negligencia, ha subrayado que se firmó un contrato privado de arrendamiento y ha incidido en que se acordó un precio acorde al mercado, no sin antes recordar que quienes ahora acusan estuvieron gobernando entre 2007 y 2011 y no dijeron nada. Y ha indicado que el caso podría estar prescrito porque han transcurrido casi diez años desde que se formalizó el contrato.

El Tribunal de Cuentas celebró el 15 de febrero una audiencia previa en la que el Ministerio Fiscal anunció que no iba a formular demanda en este procedimiento al no apreciar responsabilidad contable, a pesar de que inicialmente estimó que el daño al erario municipal rondó el medio millón de euros y, por eso, en marzo del año pasado se impuso una fianza conjunta por ese importe a los nueve miembros del equipo de gobierno de Vitoria de aquella época.

Posición del actual alcalde de Vitoria

Por su parte, el alcalde de Vitoria, el jeltzale Gorka Urtaran, ha mostrado este lunes su esperanza de que en el caso del alquiler de San Antonio se haga justicia y se depuren responsabilidades porque "todos los vitorianos están convencidos de que no se defendió el interés general" con ese contrato.

Urtaran ha dicho, en la presentación de una exposición sobre víctimas de la violencia, que ese contrato, que se fijó en 12.500 euros más IVA mensuales, cuando los técnicos del consistorio lo establecieron en 10.168 euros, "supuso y está suponiendo un daño económico importante para las arcas municipales, para el dinero de todos los vitorianos", que inicialmente se calculó en unos 500.000 euros y se impuso una fianza a los nueve miembros del equipo de gobierno municipal por este importe. Se ha declarado "esperanzado" en lo que pueda resultar del juicio, entre otras cosas porque nadie pensaba que se iba llegar "hasta aquí".

Sobre el hecho de que no tengan que comparecer en el juicio ni Alonso ni Maroto, Urtaran ha aclarado que es porque ninguna de las partes lo ha solicitado, lo que no quiere decir que la consejera vaya a concluir que no se produjo un daño contable que tengan que asumir los nueve miembros del equipo de gobierno municipal en 2007, entre ellos estas dos personas.