Schola Iuris, un instituto jurídico con múltiples tentáculos

El centro está vinculado al comisario Villarejo y en él dan clases jueces, fiscales y policías competentes en alguno de sus casos

MATEO BALÍNMadrid

En un exclusivo instituto jurídico de Madrid confluyen altos cargos policiales, reputados abogados, jefes de la Fiscalía y magistrados del Tribunal Supremo. El centro se llama Schola Iuris, fue creado en 2004 y una de sus especialidades es el máster en Derecho Penal Práctico, homologado por el Colegio de Abogado de Madrid.

Antonio Giménez niega los hechos

D. Antonio Giménez Raso se ha dirigido a este medio con relación a este artículo solicitando que se publique que: No conozco ni tengo relación alguna con Schola luris; no es cierto que Cenyt Argo esté participada por la sociedad Cenyt Consultoria; y no es cierto que exista relación empresarial alguna entre los miembros de Schola luris y los casos judiciales actuales".

Los 14.000 euros que abonan los alumnos de matrícula por 512 horas lectivas tienen su "punto fuerte en el magnífico plantel de profesores", según anuncia su web. La prestigiosa lista la componen, entre otros, magistrados del alto tribunal como Manuel Marchena (presidente de la Sala Penal desde octubre), José Manuel Maza o Antonio del Moral; el presidente del Tribunal Superior de Madrid, Francisco Vieira; el fiscal jefe de este órgano, Manuel Moix; el comisario principal y exjefe de la UDEF José Luis Olivera; o el abogado Adolfo Prego, exjuez del Supremo y exvocal del Consejo del Poder Judicial.

En el programa también figuran letrados de algunos de los bufetes más prestigiosos del país, como Cuatrecasas, Garrigues o Roca Junyent, defensor de la infanta Cristina en el 'caso Nóos'. Algunos de estos abogados también tienen como clientes a políticos imputados en el 'caso Gürtel', como diputados autonómicos o exalcaldes del PP madrileño.

El reglamento de la Carrera Judicial permite a los magistrados compatibilizar su cargo con el ejercicio de la docencia o la investigación jurídica. Para ello deben solicitar un permiso al Consejo declarando el tiempo dedicado a la actividad o la remuneración. En caso contrario, la comisión competente denegará la petición cuando su ejercicio pueda impedir el estricto cumplimiento de los deberes judiciales o comprometer la imparcialidad del juez.

El hombre que ha reunido a este "magnífico plantel" para su oferta académica privada se llama Ángel Benseny Pellicer. Es psicólogo forense de los juzgados de Primera Instancia de Madrid y aparece como administrador único de Schola Iuris, cuyo campus académico está en la planta 18 de la Torre de Cristal, ubicada en el nuevo centro financiero del paseo de la Castellana.

'Causas' políticas

Hasta aquí el contexto de Schola Iuris. El posible conflicto de intereses llegaría con la presencia de Benseny Pellicer en otras sociedades. Según el registro mercantil, aparece como apoderado junto al abogado Rafael Redondo y dos policías, los hermanos Carlos y Antonio Giménez, en el consejo de Cenyt Argo. Nacida en 2011, esta empresa se encarga de la "intermediación en el asesoramiento jurídico, fiscal y laboral a empresas y particulares". Un ámbito cercano a Schola Iuris.

En cambio, Cenyt Consultoria es una empresa surgida en 2006 con un capital de 684.000 euros, que ahora asciende a 2,4 millones. Su objeto es el asesoramiento de empresas e instituciones en proyectos de análisis y gestión de recursos humanos. El enlace entre ambas mercantiles es Rafael Redondo, presidente de la asociación Transparencia y Justicia y socio del comisario José Manuel Villarejo, quien fuera apoderado y presidente de Cenyt Consultoría.

Adscrito a la Dirección Adjunta Operativa de la Policía, el nombre de Villarejo ha salido a la palestra por sus menciones en los casos 'Emperador (Gao Ping)' y el 'ático de Ignacio González'; la fortuna suiza de Francisco Granados que derivó en la 'operación Púnica', con los Pujol o en el 'caso del pequeño Nicolás' por su guerra interna con el jefe de Asuntos Internos, Marcelino Martín Blas, cesado en abril.

Todo este paisaje de supuestas relaciones empresariales y casos judiciales con implicaciones políticas deriva en último instancia en Schola Iuris. Por ejemplo, en el 'caso Nicolás' o en el de Javier López Madrid (el yerno del constructor Juan Miguel Villar Mir, investigado por acoso sexual a una doctora apuñalada en extrañas circunstancias), la acusación pública la lleva la Fiscalía de Madrid, con el profesor del centro Manuel Moix al frente. Curioso que en ambos casos el fiscal apenas está investigando y apoya archivar algunas pesquisas. Mientras que en el 'caso de los Pujol' o las escuchas de La Camarga, la investigación policial la ha llevado la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), bajo la supervisión en su momento de otro profesor de Schola Iuris, el comisario José Luis Olivera, y de su amigo José Manuel Villarejo. Ambos se reunieron en Barcelona con el financiero catalán Javier de la Rosa para tratar estos casos, según éste.

El caso de Olivera es muy particular. Este mando dirigió la UDEF desde su nacimiento en 2005 hasta 2012, cuando fue cesado con la llegada del Gobierno del PP. Bajo su gestión se destapó la trama 'Gürtel' y en enero pasado Interior lo recuperó para liderar un nuevo departamento, el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (Citco), una especie de CNI policial con numerosos medios a su disposición.