Conflicto en la Audiencia Nacional por elevar a Europa la excarcelación de etarras

El contencioso se dilucidará por el pleno de la Sala, que resolvería el viernes próximo o el 10 de abril, según las fuentes consultadas por este periódico. El conflicto podría ser de pantalón largo si se escenifica otra quiebra -esta vez, en la Audiencia- y si, finalmente, se configura una mayoría favorable a pedir una aclaración a las instancias europeas, lo que inevitablemente se interpretaría como un desaire al Supremo. La polémica no es fácil de resumir, pero viene a ser como sigue. Xabier Etxebarria, abogado de presos disidentes de ETA como Joseba Urrosolo Sistiaga, Carmen Gisasola o Kepa Pikabea, vio en la normativa de la UE un resquicio legal por el que se podía descontar a sus defendidos el tiempo de cárcel cumplido en suelo francés y, en consecuencia, acelerar las excarcelaciones. Aunque el Supremo asumió parcialmente hace justo un año el recurso de Urrosolo, en este período solo han prosperado dos salidas de prisión: la de Gisasola y la de Josu García Corporales, otro interno adscrito a la vía Nanclares, cuyas liquidaciones de condena fueron firmadas antes de que el Gobierno moviera ficha y que no fueron recurridas entonces por la Fiscalía. En los dos casos, la Sección Tercera de lo Penal de la Audiencia Nacional falló a favor de los reos.

Con todo, la disputa jurídica no reventó hasta que, en vísperas de que entrara en vigor la ley 7/2014 del Ejecutivo, otras dos secciones de los juzgados centrales -la Primera y la Segunda- emitieron dos resoluciones opuestas: una avaló la libertad de Santiago Arrospide, 'Santi Potros', Alberto Plazaola y el recluso de Nanclares Rafael Caride Simón; la otra rechazó las alegaciones de Iñaki Bilbao. Ante esta disparidad, que provocó una durísima crítica del Gobierno a los jueces favorables a descontar las penas de Francia, la Fiscalía sí acudió esta vez al Supremo. Un Supremo que ya tenía sobre la mesa otro caso parejo en el fondo, pero con distinta tramitación: el de Kepa Pikabea, que fue a la postre el que motivó la sentencia por la que el Alto Tribunal descartó aplicar el criterio europeo y redimir las penas, atorando así las salidas previstas de los presos. Eso sí, los magistrados denunciaron, en un gesto insólito, las injerencias del Gobierno en sus deliberaciones. Y a modo de remate, mientras que 'Santi Potros' ha vuelto a la cárcel, Plazaola está huido de la Justicia.

Seis nuevos reclusos

El Supremo desechó en sus deliberaciones la posibilidad de plantear una cuestión prejudicial a Luxemburgo -una opción que tienen los jueces españoles en caso de duda sobre una norma europea-, aunque la minoría discrepante ya advirtió del riesgo de que el Tribunal vuelva a verse corregido en Europa como ya lo fue, en ese caso por Estrasburgo, a cuenta de la doctrina Parot. Es el mismo peligro que atisba un puñado de jueces de la Audiencia Nacional, que finalmente se han inclinado por elevar consulta a las instancias comunitarias. La solicitud formal lleva la firma de los miembros de la Sección Tercera, a raíz de tener que decidir sobre las ejecutorias de los presos de ETA Jon Joseba Troitiño, José Ramón López Abetxuko, Rufino Arriaga, Juan Ramón Karasatorre e Idoia Martínez, y del 'grapo' Fernando Silva Sande. La reclamación para que se pregunte a Luxemburgo está apoyada también, de entrada, por los magistrados de la Sección Primera y uno de la Segunda.

Sobre el papel, estos jueces se bastarían por sí solos para poder trasladar sus dudas al Tribunal europeo. Entre otras cosas, porque la propia Sala de lo Penal de la Audiencia dejó libertad a cada una de sus secciones para resolver, dado que las discrepancias sobre la acumulación de penas partieron el pleno por la mitad el pasado 28 de noviembre, sin acuerdo posible. Sin embargo, el presidente Grande-Marlaska optó el 10 de marzo, a través de un escrito al que ha tenido acceso DV, por sondear a todos los magistrados sobre la conveniencia o no de debatir otra vez en pleno la iniciativa propuesta por los jueces que creen preciso consultar a Europa, teniendo en cuenta que concurren nuevas «circunstancias objetivas» como la sentencia del Supremo que rechaza la acumulación de penas. Finalmente, y tras obtener Grande-Marlaska una anuencia mayoritaria, la sesión plenaria se celebrará en breve con la presencia de sus 20 integrantes salvo Alfonso Guevara, que está de baja.

Es una incógnita en qué acabará esa cita. Pero las fuentes consultadas sí constatan la existencia de un malestar hacia el presidente, al que se acusa en privado de haber forzado la avocación de la polémica al pleno para tratar de impedir así que los magistrados de la Sección Tercera utilicen directamente su prerrogativa para recurrir a Luxemburgo. A nadie en la Judicatura se le escapa el desdoro, si prosperara el paso de los 'díscolos', que eso representaría para el Supremo, cuya jurisprudencia es de obligado cumplimiento para todo tribunal inferior. Incluida la Audiencia Nacional.