Conflicto en la Audiencia Nacional por elevar a Europa la excarcelación de etarras

Grande-Marlaska, en un acto en Santander. A su derecha, el presidente de lo Penal del Supremo, Manuel Marchena./
Grande-Marlaska, en un acto en Santander. A su derecha, el presidente de lo Penal del Supremo, Manuel Marchena.

La iniciativa, que cuestiona el rechazo del Supremo a descontar las penas cumplidas en Francia, será debatida en pleno por los penalistas de la Audiencia

LOURDES PÉREZSAN SEBASTIÁN.

Como en un bucle, la controversia sobre si cabe aplicar o no a presos de ETA y de la vía Nanclares la decisión marco de la UE que permite a los reclusos restarse las penas purgadas ya en Francia ha regresado con intensidad a la Audiencia Nacional, después de haber provocado lo más parecido a un cisma en el Tribunal Supremo. No existe un criterio pacífico en la Audiencia, como no lo ha habido en el Supremo, acerca de la virtualidad de esa resolución europea. Tampoco sobre si la ley 7/2014, que el Gobierno Rajoy promovió 'in extremis' en noviembre para frenar las posibles excarcelaciones de medio centenar de internos -parte con delitos de sangre- vulnera o no el espíritu de la iniciativa comunitaria, impulsada en 2008 y que acumulaba polvo en los cajones de la Administración española desde el 15 de agosto de 2010. El Alto Tribunal despejó la polémica el pasado 13 de enero al considerar que el Ejecutivo sí puede excepcionar las medidas de la UE. La votación se saldó con un ajustado 9-6. Ahora, la división se asoma a la Audiencia Nacional, después de que un grupo de magistrados se haya decidido a elevar una cuestión prejudicial al Tribunal de Luxemburgo -no confundirlo con el de Derechos Humanos de Estrasburgo- contra el criterio del presidente de la Sala de lo Penal, Fernando Grande-Marlaska.

El origen

15 de agosto de 2010. España debería haber traspuesto entonces la decisión marco de la UE sobre la posibilidad de que a un preso interno en un Estado miembro se le restara la condena cumplida en otro. La iniciativa comunitaria se había impulsado en 2008.

El primer recurso

Joseba Urrosolo Sistiaga. Hace un año, el líder de la vía Nanclares se ampara en la UE para tratar de acortar su estancia en prisión. El Supremo le da parcialmente la razón. Se abre un camino por el cual la Sección Tercera de la Audiencia Nacional deja en libertad a otros dos reclusos disidentes: Carmen Gisasola y Josu García Corporales. La Fiscalía no impugna.

Reacción del Gobierno

Ley 7/2014. El Ejecutivo Rajoy promueve a contrarreloj una reforma legal para excepcionar la normativa de la UE, que sale adelante el pasado noviembre. Es la respuesta para intentar evitar otro 'caso Parot' con la eventual excarcelación de medio centenar de internos de ETA y de Nanclares, parte de ellos con delitos de sangre.

Estalla la polémica

Dos fallos opuestos. En vísperas de la publicación en el BOE de la nueva ley, la Sección Primera de la Audiencia acepta los recursos de 'Santi Potros', Alberto Plazaola y Rafael Caride Simón (éste, de Nanclares), mientras la Segunda rechaza el de Iñaki Bilbao. Los 20 magistrados de la Sala de lo Penal se parten por la mitad, por lo que se deja autonomía a cada sección para resolver. El Gobierno arremete contra los jueces que dictaminan a favor de los presos.

Quiebra en el Supremo

Sentencia, 13 de enero. La Sala de lo Penal del TS falla por 9 a 6 que el Estado puede excepcionar la decisión marco europea y descarta plantear una cuestión prejudicial a Luxemburgo, como piden los magistrados discrepantes. 'Santi Potros' vuelve a prisión, mientras Plazaola huye.

Nueva división en la Audiencia

Consulta a Luxemburgo. La Sección Tercera opta por presentarla, con aval de jueces de la Primera y de la Segunda, ante los recursos de otros 6 presos. Grande-Marlaska fuerza el 10 de marzo la convocatoria en pleno de la Sala de lo Penal.

El contencioso se dilucidará por el pleno de la Sala, que resolvería el viernes próximo o el 10 de abril, según las fuentes consultadas por este periódico. El conflicto podría ser de pantalón largo si se escenifica otra quiebra -esta vez, en la Audiencia- y si, finalmente, se configura una mayoría favorable a pedir una aclaración a las instancias europeas, lo que inevitablemente se interpretaría como un desaire al Supremo. La polémica no es fácil de resumir, pero viene a ser como sigue. Xabier Etxebarria, abogado de presos disidentes de ETA como Joseba Urrosolo Sistiaga, Carmen Gisasola o Kepa Pikabea, vio en la normativa de la UE un resquicio legal por el que se podía descontar a sus defendidos el tiempo de cárcel cumplido en suelo francés y, en consecuencia, acelerar las excarcelaciones. Aunque el Supremo asumió parcialmente hace justo un año el recurso de Urrosolo, en este período solo han prosperado dos salidas de prisión: la de Gisasola y la de Josu García Corporales, otro interno adscrito a la vía Nanclares, cuyas liquidaciones de condena fueron firmadas antes de que el Gobierno moviera ficha y que no fueron recurridas entonces por la Fiscalía. En los dos casos, la Sección Tercera de lo Penal de la Audiencia Nacional falló a favor de los reos.

Con todo, la disputa jurídica no reventó hasta que, en vísperas de que entrara en vigor la ley 7/2014 del Ejecutivo, otras dos secciones de los juzgados centrales -la Primera y la Segunda- emitieron dos resoluciones opuestas: una avaló la libertad de Santiago Arrospide, 'Santi Potros', Alberto Plazaola y el recluso de Nanclares Rafael Caride Simón; la otra rechazó las alegaciones de Iñaki Bilbao. Ante esta disparidad, que provocó una durísima crítica del Gobierno a los jueces favorables a descontar las penas de Francia, la Fiscalía sí acudió esta vez al Supremo. Un Supremo que ya tenía sobre la mesa otro caso parejo en el fondo, pero con distinta tramitación: el de Kepa Pikabea, que fue a la postre el que motivó la sentencia por la que el Alto Tribunal descartó aplicar el criterio europeo y redimir las penas, atorando así las salidas previstas de los presos. Eso sí, los magistrados denunciaron, en un gesto insólito, las injerencias del Gobierno en sus deliberaciones. Y a modo de remate, mientras que 'Santi Potros' ha vuelto a la cárcel, Plazaola está huido de la Justicia.

Seis nuevos reclusos

El Supremo desechó en sus deliberaciones la posibilidad de plantear una cuestión prejudicial a Luxemburgo -una opción que tienen los jueces españoles en caso de duda sobre una norma europea-, aunque la minoría discrepante ya advirtió del riesgo de que el Tribunal vuelva a verse corregido en Europa como ya lo fue, en ese caso por Estrasburgo, a cuenta de la doctrina Parot. Es el mismo peligro que atisba un puñado de jueces de la Audiencia Nacional, que finalmente se han inclinado por elevar consulta a las instancias comunitarias. La solicitud formal lleva la firma de los miembros de la Sección Tercera, a raíz de tener que decidir sobre las ejecutorias de los presos de ETA Jon Joseba Troitiño, José Ramón López Abetxuko, Rufino Arriaga, Juan Ramón Karasatorre e Idoia Martínez, y del 'grapo' Fernando Silva Sande. La reclamación para que se pregunte a Luxemburgo está apoyada también, de entrada, por los magistrados de la Sección Primera y uno de la Segunda.

Sobre el papel, estos jueces se bastarían por sí solos para poder trasladar sus dudas al Tribunal europeo. Entre otras cosas, porque la propia Sala de lo Penal de la Audiencia dejó libertad a cada una de sus secciones para resolver, dado que las discrepancias sobre la acumulación de penas partieron el pleno por la mitad el pasado 28 de noviembre, sin acuerdo posible. Sin embargo, el presidente Grande-Marlaska optó el 10 de marzo, a través de un escrito al que ha tenido acceso DV, por sondear a todos los magistrados sobre la conveniencia o no de debatir otra vez en pleno la iniciativa propuesta por los jueces que creen preciso consultar a Europa, teniendo en cuenta que concurren nuevas «circunstancias objetivas» como la sentencia del Supremo que rechaza la acumulación de penas. Finalmente, y tras obtener Grande-Marlaska una anuencia mayoritaria, la sesión plenaria se celebrará en breve con la presencia de sus 20 integrantes salvo Alfonso Guevara, que está de baja.

Es una incógnita en qué acabará esa cita. Pero las fuentes consultadas sí constatan la existencia de un malestar hacia el presidente, al que se acusa en privado de haber forzado la avocación de la polémica al pleno para tratar de impedir así que los magistrados de la Sección Tercera utilicen directamente su prerrogativa para recurrir a Luxemburgo. A nadie en la Judicatura se le escapa el desdoro, si prosperara el paso de los 'díscolos', que eso representaría para el Supremo, cuya jurisprudencia es de obligado cumplimiento para todo tribunal inferior. Incluida la Audiencia Nacional.

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