El Gobierno inicia por primera vez el proceso de disolución de un Ayuntamiento en España

De la Vega asegura que casos como el de Marbella "muestran el lado más repugnante de los que se enriquecen amparados en la vida pública"

AGENCIASREDACCIÓN | MADRID

El Consejo de ministros ha mantenido una reunión de carácter extraordinario que ha tenido como único punto en su orden de día iniciar el procedimiento que concluya con la disolución del Ayuntamiento de Marbella de acuerdo con la Ley Reguladora de Bases del Régimen Local y la Ley Electoral General, como ha explicado la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega. La vicepresidenta ha comentado que, a partir de ahora, se seguirán los trámites previstos para llevar a cabo el proceso y ha afirmado que es la primera vez que se lleva a cabo la disolución de un Ayuntamiento en la reciente historia democrática de España y que, por tanto, se debe actuar escrupulosamente para cumplir la ley.

La intención del Gobierno es actuar "con toda rotundidad" una vez confirmado que existen indicios delictivos, aplicando la ley para "perseguir a los delincuentes" y para "garantizar a los ciudadanos de Marbella el ejercicio de sus derechos democráticos".

Sobre la posibilidad de celebrar elecciones anticipadas, ha comentado que "a juicio del Gobierno no es posible unas elecciones parciales anticipadas" pero, "para evitar cualquier duda", pedirá un informe al respecto al Consejo de Estado.

De la Vega ha afirmado que el Ejecutivo "no tolera ni ampara los comportamientos corruptos y no cesará en la lucha para erradicarlos". Casos como el de Marbella "muestran el lado más repugnante de aquellos que se enriquecen amparados en la vida pública".

La vicepresidenta considera que combatir la corrupción "es tarea de todos. Erradicarla de la vida pública es, sobre todo, cuestión de los partidos políticos". Además, quiso "romper una lanza por todos aquellos concejales anónimos que se entregan para contribuir al progreso de sus pueblos y ciudades".

El Ejecutivo decidió anoche la convocatoria de este Consejo extraordinario, que se ha reunido en el Palacio de la Moncloa a partir de la once de la mañana. A la reunión, presidida por el jefe del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, han asistido todos los miembros del Gabinete a excepción de los titulares de Cultura, Justicia e Industria.

Petición del Gobierno andaluz

Previamente a la decisión del Ejecutivo, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha analizado el informe jurídico en el que se planteaba la posibilidad de instar al Ejecutivo central a disolver el Ayuntamiento de Marbella tras la presunta trama de corrupción puesta al descubierto por la Operación Malaya.

El presidente andaluz, Manuel Chaves, ha dicho que "no caben atajos", en respuesta a la decisión adoptada por su gobierno de solicitar al Consejo de Ministros el inicio de los trámites para disolver el Ayuntamiento marbellí, y pidió la "unidad" de los partidos para devolver la confianza a los ciudadanos.

Chaves ha defendido esta medida "excepcional", y ha coincidido con De la Vega al subrayar que no es posible legalmente la celebración anticipada de elecciones municipales en Marbella, ante la necesidad de restablecer el Estado de Derecho y, a corto plazo, el normal funcionamiento del Ayuntamiento.

La disolución debe contar con un acuerdo favorable del Senado

El Consejo de ministros podía haber adoptado por iniciativa propia la decisión de disolver el ayuntamiento marbellí, lo que podría conllevar que una gestora designada por la Diputación Provincial de Málaga asumiera, según la legislación vigente, la gestión de los asuntos de esa corporación.

El artículo 61 de la Ley de Régimen Local explica que el Gobierno puede acordar la disolución de una corporación "en el supuesto de gestión gravemente dañosa para los intereses generales que suponga incumplimiento de sus obligaciones constitucionales". El Gobierno autonómico debe ser informado y la disolución debe contar con un acuerdo favorable del Senado.

Una vez disuelto el Ayuntamiento, la Ley electoral señala que deberán convocarse elecciones parciales para constituir una nueva corporación dentro del plazo de tres meses. El artículo 183 de la Ley establece no obstante que esa convocatoria electoral no se hará si el nuevo ayuntamiento se fuera a constituir en el último año del mandato municipal, como ocurre en Marbella, por lo que se baraja la opción de crear la comisión gestora designada por la Diputación Provincial.

Sin embargo, el PP exige que se convoquen elecciones acogiéndose al artículo 50 de la Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común que establece que, en caso de urgencia, se pueden reducir a la mitad los plazos establecidos para la convocatoria de elecciones.

Reformas institucionales "para que los malos no se salgan con la suya"

Antes del Consejo de ministros, el titular de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, ha dicho que se promoverán las reformas institucionales necesarias "para asegurar que los malos no se salgan con la suya" y que se reforzará la especialización y la capacidad de la Fiscalía para ello.

El ministro ha señalado que el de Marbella "es muy emblemático, es el caso de una criminalidad que lleva teniendo lugar mucho tiempo con una respuesta claramente insatisfactoria por parte de la Justicia y de la Administración de Justicia".

Por ello, ha considerado que hay que "tomar nota de lo que ha sucedido y actuar en consecuencia promoviendo las reformas institucionales que sean necesarias para asegurar que los malos no se salen con la suya, que no se puede burlar así como así largamente el Estado de Derecho y la legalidad".