La Mesa de Egino acuerda que la respuesta de una consulta popular «sea tenida en cuenta»

Los nueve dirigentes políticos establecen la metodología a seguir en dos mesas de diálogo

SAN SEBASTIÁN. DV. Los nueve políticos participantes en la denominada mesa de Egino, impulsada por Elkarri en mayo de 2004, han elaborado ya un «borrador final» en el que se establecen las bases metodológicas para formar dos mesas de partidos, una en la Comunidad Autónoma Vasca y otra en Navarra. El trabajo de dichas mesas estaría regido por un «criterio de mayoría transversal» y por el derecho de la ciudadanía a ser consultada y a que su decisión «sea tenida en cuenta».

El documento, fechado el 1 de marzo, está respaldado por representantes de todos los partidos a excepción de PP y Batasuna. Como premisas generales de las futuras mesas de diálogo se establece «el respeto a la vida» y «a todos los derechos humanos», la garantía del pluralismo y la aceptación de procedimientos exclusivamente democráticos para la resolución de asuntos políticos. Además, según hizo público ayer Gara, los integrantes de ambas mesas, que trabajarán de forma independiente pero podrán «mantener mecanismos de coordinación», intentarán alcanzar acuerdos por unanimidad. Cuando este extremo no sea posible, la Mesa de Egino acuerda que «no será suficiente una mayoría absoluta que reúna únicamente los apoyos de las fuerzas que representan una única sensibilidad nacional, sino que esa mayoría absoluta precisará del concurso de, al menos, una de las fuerzas más representativas de la otra sensibilidad». El grado de representatividad deberá ser acordado por los partidos.

El texto mantiene como principios la no violencia, no exclusión, negociación, transversalidad y trabajar sin vetos. En este punto, entiende que «todo proyecto que obtenga por medios democráticos una adhesión mayoritaria debe poder plasmarse en el ordenamiento vigente o mediante modificación de éste», pero no recoge la fórmula por la que los Estados afectados puedan aceptar este principio. De hecho, en el texto se acuerda el derecho de la ciudadanía a ser consultada «y a que su respuesta sea tenida en cuenta», pero este extremo no implica que esa decisión sea vinculante.