El Gobierno actuará a través del abogado del Estado ante las resoluciones

El ministro de Justicia ha afirmado que el Ejecutivo actuará con "serenidad y tranquilidad" a través de su servicio jurídico

EFE | MADRID

El ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, ha afirmado hoy que el Gobierno actuará con "serenidad y tranquilidad" a través de su servicio jurídico, que es el abogado del Estado, ante las resoluciones sobre los papeles del Archivo de Salamanca, una del TC y otra de la Audiencia Nacional, esta última suspendiendo cautelarmente el envío a Cataluña de los papeles de Salamanca.

López Aguilar, que ha comparecido ante los medios en un receso del Comité Federal del PSOE, ha explicado que frente a las medidas "cautelarísimas" adoptadas por la Audiencia Nacional, "el abogado del Estado actuará en el momento que corresponde, es decir, el próximo día 24 de enero, en el que la sección VII de la Audiencia Nacional va a resolver sobre esa petición de suspensión cautelar".

Ayer, la Audiencia Nacional acordó suspender de forma cautelar el envío a Cataluña de los papeles del Archivo de Salamanca, y además se tuvo conocimiento de que el pasado martes, dos días antes de que los legajos salieran de Salamanca, el Tribunal Constitucional admitió a trámite el recurso de inconstitucionalidad que la Junta de Castilla y León había interpuesto contra la Ley de Restitución y en el que también se pedía la suspensión cautelar de la norma.

El ministro ha informado de que "ninguna de las dos resoluciones afectan al fondo, se trata de medidas que no responden al fondo del asunto, sino a la ordenación del procedimiento, y frente a las dos resoluciones el Gobierno actuará por su procedimiento y por su causa y desde la convicción de que le asiste la razón en derecho".

López Aguilar ha recordado que el Gobierno y el Ministerio de Cultura aplican la Ley con el traslado de esa documentación y aseguró "que ni la Constitución ni la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, ni la jurisprudencia del Constitucional contemplan la posibilidad de suspender una Ley del Estado porque se interponga un recurso de inconstitucionalidad". Ha explicado que "esa suspensión es directamente contraria al artículo 30 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y, desde luego, a la Constitución".

El ministro ha reiterado que "se trata de actos que aplican una Ley adoptada por el Parlamento, que es la soberanía popular, y por tanto perfectamente conformados en derecho y que no existe ningún interés superior al de la aplicación de la Ley, ni ninguna apariencia de perjuicio".

López Aguilar ha querido transmitir un mensaje de "tranquilidad y serenidad" e insistir en que el Gobierno responderá por su cauce, a través del servicio jurídico del Estado, "convencido de tener la razón en Derecho y que la razón viene aquí cimentada por una Ley aprobada en el Parlamento".