Gobierno, empresarios y sindicatos retoman la reforma laboral y de las pensiones sin atisbos de acuerdo

La duda es si el Ejecutivo acabará legislando aunque no haya consenso El coste del despido, principal escollo

ELISA GARCÍA

MADRID. Gobierno, empresarios y sindicatos reanudarán la próxima semana las negociaciones sobre la reforma laboral y del sistema de pensiones, dos capítulos del diálogo social que presentan especiales dificultades para alcanzar un pacto. El proceso de conversaciones entró a finales de año en sus horas más bajas, en medio de un fuerte pesimismo, pese a que el Gobierno mantiene que «habrá acuerdos».

Los problemas resultan insalvables salvo que las propuestas planteadas den un giro importante, cosa muy poco probable. Sindicatos y empresarios se enfrentan sobre todo por el futuro del despido, a la vez que acusan al Ejecutivo de favorecer los intereses del contrario. CC OO y UGT critican la posición de CEOE/Cepyme por «pretender rebajar los derechos de los trabajadores», mientras los empresarios descalifican a los sindicatos por «poner en peligro con sus exigencias la creación de empleo y la competitividad productiva de los sectores».

El Gobierno aboga, entre otras cuestiones, por establecer un nuevo contrato temporal de larga duración con un coste del despido superior a los ocho días por año trabajado de la indemnización vigente, destinado a situaciones concretas. La iniciativa es inaceptable para CC OO y UGT, que advierten de que, dada la experiencia, ese tipo de empleo podría extenderse; y poco atrevida para las patronales, que persiguen el recorte de gastos laborales para aumentar su competitividad.

El Ejecutivo también defiende la ampliación con carácter general del contrato de fomento de empleo a todos los colectivos. El origen de esta modalidad data de 1997, tras un acuerdo alcanzado entre CEOE, CC OO y UGT, que contó con el beneplácito del Gobierno, entonces del PP. El despido del contrato de fomento consiste en 33 días por año de servicio con límite de 24 mensualidades, y es más barato que el del contrato indefinido ordinario, cuya indemnización cuesta 45 días con un máximo de 42 pagos.

Seguridad Social

Esta extensión es rechazada igualmente por las otras dos partes. Para los sindicatos se trata de una medida innecesaria cuyos efectos están «agotados», y creen que no aportará estabilidad al mercado. Para los empresarios resulta insuficiente «porque tendría que acompañarse de la suspensión de la modalidad indefinida ordinaria».

Así las cosas, la duda está ahora en si el Gobierno legislará la reforma laboral sin el apoyo de los agentes sociales, pese a las reiteradas garantías que ha dado José Luis Rodríguez Zapatero.

El panorama en la mesa de Seguridad Social -abierta en noviembre-, tampoco es prometedor. Aquí, además, CC OO y UGT mantienen diferencias ante el futuro de las pensiones, que arrastran desde el año 2001. La central que lidera José María Fidalgo persigue un sistema de jubilación gradual y flexible de carácter voluntario, iniciado hace cuatro años con un acuerdo suscrito con CEOE y el Gobierno del PP, rechazado por UGT. Para el Ejecutivo, en cambio, es preciso poner freno a algunas de las medidas de ese acuerdo, porque el coste de medidas como la jubilación parcial es «insostenible».

UGT ha valorado que la propuesta del Gobierno mantenga en 15 años el tiempo contabilizado para fijar la cuantía de la pensión.

En paralelo a estas negociaciones se han conseguido avances en otras mesas. El más importante es la nueva prestación de dependencia, que afectará a casi 1,5 millones de ciudadanos cuando esté plenamente vigente dentro de varios años. COLPISA