El camino de España hacia el mercado común

BORJA VIVANCO DÍAZDOCTOR EN ECONOMÍA Y LICENCIADO EN SOCIOLOGÍA

El 1 de enero de 1986, España ingresó en la entonces Comunidad Económica Europea (CEE), junto a Portugal. Habían transcurrido cerca de treinta años desde que se firmó el Tratado de Roma (1957) que daba origen a la CEE y que, en un inicio, sólo congregaba a seis Estados. En 1986, con la entrada de los dos países ibéricos, los socios comunitarios eran ya doce. En 1995 se sumaron tres naciones más y, en 2004, con la ampliación de la Unión Europea (UE) al este del continente, se alcanzó la cifra de veinticinco. Bulgaria y Rumania se adherirán en 2007, mientras que todavía no hay fecha para la incorporación de Croacia y Turquía.

En el invierno de 1962, por primera vez, el Ejecutivo de Francisco Franco solicitó el comienzo de conversaciones para el ingreso de nuestra nación dentro de la CEE, por medio de una carta del entonces ministro de Exteriores, Fernando María Castiella. En 1955, España había sido admitida en la ONU, con lo que consiguió mitigar el férreo aislamiento internacional al que fue condenada al final de la Segunda Guerra Mundial (1939-45). La inclusión en la CEE permitiría ganar prestigio internacional pero, quizá más importante aún, serviría para legitimar el propio régimen franquista puertas adentro del país. Pero los socios comunitarios dejaron claro que la democratización de España era requisito sine qua non para que se celebraran las negociaciones previas a la adhesión. El mismo argumento fue sobre todo el que retrasó, hasta a 1977, la incorporación de España al Consejo de Europa y hasta 1982 su admisión dentro de la Organización de la OTAN.

La postura inflexible que la CEE mostraba hacia las aspiraciones españolas fue también uno de los motivos que desencadenaron que desde mediados de la década de los 60, dentro del franquismo, comenzaran a aflorar cada vez más voces a favor de las reformas políticas, ya que el futuro del país no podía continuar construyéndose de espaldas al mercado común europeo, aunque durante estos años la economía española viviese su época dorada. Concretamente, en el periodo 1961-73, la tasa media de crecimiento anual del PIB fue nada menos que del 7,4%.

En 1970, a pesar de todas las reticencias de la CEE, la España franquista logró firmar un acuerdo de comercio preferencial con los países comunitarios, que se plasmó en la mutua rebaja de aranceles y que implicó el inicio del proceso de integración de nuestra economía dentro de Europa. A partir de 1979 es cuando el país empieza, formalmente, a negociar su entrada en la CEE. Dos años antes, Madrid había firmado el último convenio como receptor de préstamos del Banco Mundial y había solicitado ser clasificado como donante dentro del Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD), lo que ya le condujo a encuadrarse definitivamente, en el escenario internacional, entre las economías avanzadas.

Ahora bien, a mediados de la década de los 70, España -como el conjunto de los países desarrollados- había comenzado a sucumbir a una crisis económica, que sólo empezó a ser superada hacia la mitad de los años 80, coincidiendo justamente con su inclusión dentro de la CEE. Entre 1975 y 1981, los años de la Transición, la tasa media de crecimiento anual del PIB se redujo al 1,3% (-0,2% en 1981) y el incremento medio anual de la inflación se elevó al 17,1% (23,2% en 1977).

La política económica de los primeros gobiernos democráticos buscó promover los reajustes necesarios que acelerasen la integración europea, dentro del contexto de crisis mencionado y asumiendo las exigencias descritas por la CEE antes de 1986. Por consiguiente, la Transición española cabe también interpretarla como una época de transición económica, y no sólo de naturaleza política como en la mayoría de las ocasiones se nos continúa presentando.

Muchas de las medidas que entonces se pusieron en marcha en nuestra economía fueron fuertemente impopulares, porque implicaron la reducción de la producción -y amenazaron con destruir empleo- en actividades económicas específicas, sobre todo en el sector primario. Además, la coyuntura del mercado de trabajo durante estos años era ya delicada de por sí, independientemente de las consecuencias de las políticas económicas focalizadas a conseguir la integración europea. Tengamos en cuenta que, en España, la tasa media de desempleo entre 1981 y 1985 era del 18,5%, en tanto que en el periodo de 1976 a 1980 fue del 7,9%.

Pero la incorporación de España a la CEE vino acompañada por la aceptación, por no decir el entusiasmo, prácticamente unánime de la clase política y de la ciudadanía. Incluso el hecho de que la sociedad se manifestara en referéndum en 1986 a favor de la continuidad de España dentro de la OTAN estuvo ligado estrechamente al ingreso en el mercado común. El compromiso y la pertenencia a la Alianza Atlántica se percibieron necesarios y coherentes para España, que pocos meses antes se había adherido a la CEE, cuyos socios -excepto Irlanda- formaban ya parte de la OTAN. Por tanto, la victoria del sí a la OTAN muy poco o nada tuvo que ver con la asimilación por parte de la sociedad española de posturas pro norteamericanas, belicistas o anticomunistas.

Por otro lado y desde la perspectiva que el paso del tiempo nos ofrece, no deja de llamar la atención que la Europa occidental que se desangró a lo largo de la Segunda Guerra Mundial enseguida se interesara por la generación de ámbitos de cooperación económica, política y militar, a través de organismos supranacionales. Ya en 1946, Winston Churchill exponía en la Universidad de Zúrich la necesidad de crear «una especie de Estados Unidos de Europa».

Es cierto también que, en buena medida, los quince años inmediatamente posteriores al final de la Primera Guerra Mundial (1914-18) fueron dibujados por el antibelicismo y el espíritu de concordia, que la recién estrenada Sociedad de Naciones se propuso alimentar tanto en Europa como en el resto del mundo. Pero después del crack del 29 la carrera armamentista en la que algunos países decidieron introducirse -sobre todo Alemania y Japón- y el enrarecimiento del clima internacional desembocaron en 1939 en el comienzo de la Seguridad Guerra Mundial. Si al concluir la primera gran contienda se hubieran sentado las bases para potenciar un mercado común que generara una mayor interdependencia económica y funcionara desde reglas consensuadas entre los países socios, como sí ocurrió poco después de 1945, las probabilidades de que una nueva guerra estallara habrían sido notablemente menores. En repetidas ocasiones, la historia nos ha demostrado que quienes se hacen amigos en el mercado es difícil que se conviertan en enemigos en las trincheras.

Por último, este año 2005 que acabamos de terminar pasará a la historia de la UE como aquél en el que paralizó la aprobación de la Constitución Europea, principalmente como consecuencia de las negativas de Francia y Países Bajos a apoyarla en los referendos que se convocaron a este fin. En España, por el contrario, el pasado invierno la Constitución de la UE fue refrendada por el 76,7% -el 62,6% en el País Vasco-, aunque quizá lo más llamativo fue que sólo dos de cada cinco ciudadanos acudieron a votar. La indiferencia de la población española ante los procesos económicos y políticos de integración europea es, hoy en día, la nota dominante, cuando hace ahora 20 años la mayoría de la ciudadanía asistía con ilusión al ingreso de nuestro país en la CEE.