Ante la quiebra del derecho de asilo

Esta cuestión volvió a ser puesta de manifiesto por la Sentencia del Tribunal Supremo de 9-7-2018, (Contencioso-Administrativo, Sentencia nº 1168/2018), en la que se acreditó el incumplimiento del Gobierno de España de sus obligaciones de tramitación de solicitudes de asilo de refugiados procedentes de Grecia e Italia, establecidas en las Decisiones 2015/1523 y 2015/1601 del Consejo Europeo. En ellas se asignó a España un cupo de 19.449 personas durante dos años, desde el 25-9-2015 hasta el 26-9-2017, de las que solo garantizó un 13%.

Los datos no han mejorado recientemente y ratifican algo que se mantiene palpable: la globalización económica ha asegurado la libre circulación de capitales en buena parte del mundo sin globalizar los derechos de las personas. Con ello, el mundo sigue asistiendo a distintas situaciones de guerra, violencia, crisis humanitaria y parálisis política.

Un contexto delicado sobre el que se asienta una cuota parte de nuestro bienestar a costa de hipotecar el planeta y el futuro de millones de personas que son titulares de derechos, y que piden auxilio y asilo político en las fronteras de la Unión Europea (UE).

La globalización no está exenta de problemas estructurales que se debieran abordar en clave de solidaridad colectiva. Si los mecanismos del mercado logran dirigir nuestros destinos, la economía acabará –si no lo hace ya– dictando sus normas a la sociedad y no al revés. Llegará un momento en que la democracia será irreconocible y los valores de los Derechos Humanos ausentes. Serán algo superfluo que el mercado devorará sin contemplaciones. Sin límites, la globalización económica es un gigante dispuesto a imponerse a nuestros sistemas políticos. Por ello, la ONU y la UE debieran reconducirse hacia el logro de la justicia y la paz. Con ello, han de contribuir a que el Derecho y la Justicia se globalicen junto con los Derechos Humanos. A tal fin, la garantía del derecho de asilo de miles de refugiados es una cuestión central.

Los vínculos entre la paz, el derecho de asilo y la dignidad de la persona son indiscutibles en el plano teórico y también en la práctica como demuestra la actualidad. La mayor amenaza para el derecho a la vida deriva de las guerras y del sometimiento de pueblos y personas por la fuerza. La guerra, incluso la amenaza con una acción bélica, es incompatible con el derecho a la vida. Sin embargo, el Derecho Internacional suele hacer distinciones acerca de aquellas intervenciones bélicas que se desarrollan en defensa de la paz. Se mantiene como legítimo el ejercicio del derecho de defensa de aquellos Estados que vean amenazada su soberanía. Estas cuestiones siguen vigentes en el Derecho Internacional e ilustran, desde mi punto de vista, la deriva en la protección del derecho a la vida, frente a la capacidad de algunos para ejercer la violencia sobre terceros en nombre de su soberanía, pero soslayando la garantía de los Derechos Humanos, incluido el derecho de asilo.

Tanto el Derecho Internacional como los Derechos internos reservan el monopolio del uso de la violencia a los Estados. Sin embargo, este principio del Derecho asentado en la historia no guarda sentido ni proporcionalidad con un mundo que ha superado el colonialismo y que dice haber adoptado como seña de identidad la protección universal de los Derechos Humanos. Entre otras razones, porque son los propios Estados los que deberían desarrollar sus funciones de garantía de los derechos de las personas y no al revés. Son los propios Derechos Humanos los que actúan como pilar de la democracia; es la Administración la que se encuentra al servicio de las personas y sus derechos para la defensa del interés público. Por ello, ninguna soberanía puede situarse al margen de los Derechos Humanos de todas las personas. El varapalo jurídico del Tribunal Supremo al Gobierno español fue muy claro en este sentido.

De lo contrario, nuestros Derechos Fundamentales acabarían supeditados a la libre decisión del sistema internacional o de un Estado concreto. Europa, en su larga historia, ha sabido reaccionar contra lo anterior para integrar voluntades y garantizar derechos. Es hora de recuperar los valores y parte de la dignidad perdida ante miles de personas que solicitan protección en condiciones extremas.