Viviendas vacías: antes la zanahoria, ahora el palo

ENRIQUE SARASAPeriodista

El Tribunal Constitucional acaba de avalar la práctica totalidad de la Ley Vasca de Vivienda. Básicamente, la nueva norma, aprobada en 2015 con los votos de PSE, EH-Bildu y UPyD y el rechazo del PNV y PP, recoge el derecho subjetivo y reclamable a una vivienda digna. Se trata de una extrapolación de la ley DALO, aprobada en Francia en 2007 y que ha tenido en el país vecino un resultado dispar según los departamentos y la voluntad de los alcaldes de hacer cumplir la exigencia de disponer de un parque de vivienda en alquiler asequible suficiente para atender la demanda. En el caso vasco, aunque la ley señala que lo deseable para dar una respuesta real es incrementar el parque social de alquiler (infinitamente más pobre que el de Francia), se contempla una prestación a aquellas familias que se acojan al derecho subjetivo para facilitar que puedan alquilar.

Pero, la otra gran pata de la ley vasca es la búsqueda de herramientas que permitan sacar al mercado las viviendas vacías. Y la ley establece mecanismos coercitivos para quienes se empeñen en tener un piso deshabitado. ¿Cuáles son esas herramientas?. Un canon que pueden establecer los ayuntamientos para los propietarios de viviendas vacías que supone 10 euros por metro cuadrado útil y año que puede incrementarse en otros 10 euros si el piso sigue vacío. El dinero recaudado debe ir destinado a ampliar el parque municipal de suelo para construir vivienda protegida.

Pero, el legislador vasco decidió ir más lejos. La ley recoge también la posibilidad de que los ayuntamientos establezcan un alquiler forzoso durante cinco años, prorrogables otros cinco, a quienes se empecinen en mantener vacía una vivienda. El inmueble luego será puesto a disposición de quien esté inscrito como demandante de vivienda en Etxebide. Se exceptúan las segundas viviendas o las personas que deban dejar su casa por motivos de trabajo o salud. Hay otras autonomías (Navarra, Andalucía, Canarias, Comunidad Valenciana) que han establecido esta figura de expropiación forzosa de pisos vacíos, pero sólo para los grandes tenedores, personas jurídicas, básicamente bancos. Pero, sólo Euskadi permite aplicarlo a particulares. Eso sí, la ley vasca establece que esta figura del alquiler forzoso sólo se aplicará en zonas de acreditada demanda y necesidad.

Mariano Rajoy recurrió la ley vasca, al igual que el resto de leyes autonómicas que iban por ese camino. Y el Tribunal Constitucional ha ido tumbando todos los recursos en relación con el alquiler forzoso. Esta semana ha llegado la sentencia respecto a la ley vasca. El Constitucional, a pesar de su mayoría conservadora, ha avalado, en todas sus sentencias, la función social de la vivienda y el deber de ocupación efectiva como parte del derecho de propiedad sobre la vivienda. No hay que olvidar que la Constitución española reconoce el derecho a la propiedad privada, pero señala, a continuación, que «la función social de este derecho delimitará su contenido».

Por tanto, la Ley Vasca de Vivienda está ya en pleno vigor con una excepción. Al igual que otras autonomías se establecía la posibilidad de expropiación forzosa a los bancos de las viviendas del uso temporal de viviendas incursas en procedimientos de desahucio por ejecución hipotecaria. El Constitucional ha aducido que la aplicación de esta medida podría causar problemas a la economía del país y ha rechazado este instrumento.

Pero, el resto de herramientas, el canon municipal por metro cuadrado a los pisos vacíos y el alquiler forzoso por cinco años prorrogables para su puesta en manos de los demandantes de vivienda apuntados en Etxebide están ya en vigor. No hay que olvidar que en San Sebastián, según el último censo, hay más de 5.500 viviendas totalmente vacías, sin ningún uso, ni siquiera como segunda residencia. El consejero de Vivienda, Iñaki Arriola, del PSE, partido que impulsó la ley vasca de vivienda, se ha mostrado satisfecho por la sentencia. Y ha asegurado que «vamos a poder aplicar la Ley de Vivienda en todos sus extremos fundamentales con plena seguridad jurídica». Habrá que ver si es así y cuáles son los «extremos fundamentales» porque la expropiación de un bien es un mecanismo extremadamente complejo y en Euskadi desde 2015, que es cuando la ley lo permitió, sólo se han expropiada tres pisos a adjudicatarios de VPO que los tenían vacíos o los usaban de forma fraudulenta.

Y habrá que ver también si el palo anima ahora a los propietarios que no han querido aprovechar la zanahoria que la administración les ofrecía con deducciones fiscales y garantías de cobro o de reparación de posibles desperfectos para poner sus pisos vacíos en circulación. Porque es evidente que nuestra juventud, con empleos precarios, no puede permitirse pagar los 1.387 euros de media que cuesta un piso en alquiler en San Sebastián. Y corremos el riesgo de que nuestra ciudad se convierta en un balneario. A las administraciones les corresponde dar solución a los problemas y la vivienda es, sin duda, junto a los salarios, uno de los principales para quienes son nuestro futuro.

*Enrique Sarasa es periodista especializado en políticas de vivienda pública.

 

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