Vivienda viene de vivir

Y lo cierto es que mucha gente empieza a sentir como un problema acuciante acceder a una vivienda o mantener la que ya tiene. Los últimos sociómetros que elabora el Gobierno vasco vienen apuntando que esta se percibe ya como la cuarta preocupación por parte de la ciudadanía, a distancia de las cuestiones vinculadas al empleo, pero casi empatadas con las pensiones y la situación política.

Hay datos que explican esa preocupación ciudadana. El impacto de la crisis y la precaria recuperación no sólo han hecho inalcanzable para muchas familias la vieja aspiración de poseer un piso en propiedad, sino que la vía supletoria de tenerlo en alquiler se ve gravemente condicionada por salarios reducidos y un calentamiento exagerado del precio de los arrendamientos. Ante esta realidad, las instituciones no podemos seguir impasibles, porque la vivienda es una necesidad social de primer orden.

Disponer de un hogar digno es requisito para vivir dignamente. La educación, la sanidad, la protección, la justicia, las pensiones, que son fundamento de nuestro modelo de sociedad, las necesitamos en momentos y etapas puntuales de nuestras vidas. La vivienda, todos los días. Sin embargo, a diferencia de esos otros derechos básicos, y a pesar de lo que establece el artículo 47 de la Constitución, durante mucho tiempo la vivienda ha quedado relegada a un segundo escalón; a una zona difusa en la que cada cual tenía que buscarse una solución en el mercado y sólo parcialmente se producía la intervención protectora de las administraciones públicas.

Hace unos años, con el significativo impulso de los socialistas, en Euskadi comenzamos a tomarnos en serio este derecho y a considerar que la vivienda no puede reducirse a un producto mercantil, sino que tiene una función social. Tal es el espíritu de la Ley de Vivienda aprobada en 2015 por el Parlamento vasco que nos corresponde ahora poner en práctica. Pero no sé si somos conscientes de lo que implica en toda su extensión. Quiere decir que desde las administraciones públicas ya no podemos ver esta cuestión como un problema de asistencia social, sino como una condición de la ciudadanía que hay que atender, como la sanidad o la educación.

Porque de poco sirve ser muy avanzados al vincular el derecho a una vivienda digna con la obligación de las administraciones de facilitársela a quienes no puedan costeársela si no disponemos de los recursos para hacerlo efectivo. Y lo cierto es que no los hay. No se construye de un día para otro un parque público de vivienda como el que se necesitaría para albergar a las casi 53.000 unidades familiares que están demandando en Euskadi un piso en alquiler, que es la forma preferente en que debe satisfacerse ese derecho.

Por eso, desde el Gobierno vasco estamos intentando intervenir directa e indirectamente sobre el mercado de la vivienda, a fin de mejorar la situación residencial de la población en general y, en especial, incrementar las posibilidades de acceso de las personas con mayores dificultades. La prioridad es disponer de suficiente vivienda pública protegida para atender esta demanda social. Un objetivo que perseguimos mediante la reactivación de nuevas promociones de alquiler social y, mientras el parque público no alcance la masa crítica suficiente, rescatando viviendas vacías de particulares a través del programa Bizigune para que la sociedad Alokabide las ponga a disposición de las familias que las necesitan. En estos momentos, Alokabide gestiona más de 12.500 viviendas propias o cedidas en alquiler social y se conceden ayudas a 27.000 unidades familiares para que puedan pagar el arrendamiento de su piso.

La apuesta preferente por el alquiler social en la acción de nuestro departamento no supone solo una elección moral, ideológica; viene fijada por la Ley de Vivienda y por la propia demanda. El 82% de las 65.000 unidades de convivencia que demandan un piso en Etxebide lo quiere en régimen de alquiler y el 18% en compra, justo al revés de lo que sucedía antes de la llegada de la gran recesión de 2008. Esta opción abrumadora por el alquiler no resulta ni casual ni voluntaria, ya que el 84% de quienes eligen esta fórmula ingresan al año entre 3.000 y 20.000 euros. Y con esos recursos no cabe garantizar una hipoteca y unas condiciones de vida mínimamente desahogadas.

A la hora de atender esas necesidades hay que tener también en cuenta la cohesión social y atender de forma especial, dado el acusado envejecimiento de la población vasca, a la emancipación de los jóvenes y a la mejora de la calidad de vida de las personas mayores mediante la mejora de la accesibilidad y la eficiencia energética de los edificios. Es por eso que en el Plan Director de Vivienda 2018-2020 hemos introducido el programa Gaztelagun para ayudar a los jóvenes que emprenden un proyecto de vida autónomo a que puedan pagar el alquiler de un piso.

Pero la nueva política que se ha iniciado, basada en el concepto de vivienda-hogar, frente al de vivienda-inversión, necesita ser acompañada de otros instrumentos para corregir las distorsiones que se están produciendo en el mercado del alquiler. Uno, fundamental, es modificar la Ley de Arrendamientos Urbanos, elevando a cinco años prorrogables los contratos de alquiler, dando estabilidad al arrendatario y garantías al arrendador. Y este cambio legal debe complementarse con una fiscalidad en el IRPF y en los impuestos municipales enfocada a promover el alquiler. Porque también en nuestra política tributaria, como en la mentalidad de muchas personas, sigue imperando el concepto vivienda-inversión frente al concepto vivienda-hogar que debería inspirar la acción pública. Porque vivienda, no se nos olvide, viene de vivir.