En la presentación de la propuesta de ley para eliminar los índices de obligado cumplimiento en las administraciones públicas y facilitar la sustitución del personal ... castellanohablante por personal vascohablante, el portavoz del PNV, Markel Olano, comparaba su proyecto de ley con las cuotas para compensar una presencia minoritaria de un género o una etnia. Esta comparación resulta sangrante, especialmente cuando la cuota que se pretende es de 0% para trabajadores castellanohablantes y 100% para vascohablantes.
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Para reforzar su argumentación, el señor Olano propuso seguir el ejemplo de la Diputación de Gipuzkoa, que dirigió durante doce años, y extender el conocimiento del euskera a todos los empleados. De esta manera, permitiría hablar en esta lengua en todos los departamentos y nadie perdería su nivel lingüístico. Sin embargo, esta propuesta desenfoca totalmente la tarea de un empleado público, que, al menos en el caso de los trabajadores de Osakidetza, conocemos muy bien. Nuestra función es atender las necesidades ciudadanas, no asegurar el nivel de euskara de nuestros compañeros.
Por su parte, el portavoz de EH Bildu, Pello Otxandiano, apoyaba la misma propuesta con otro argumento: la defensa de los «derechos lingüísticos». Puso como ejemplo que sus hijas carecen de atención médica en euskara en su centro de salud. Es probable que no lo planteara solo para resolver un problema personal. Todos sabemos que una primera razón estriba en la escasez de personal sanitario en general y vascohablante en particular. Sin embargo, es menos conocido el efecto de una política lingüística absolutamente ineficiente y autodestructiva, precisamente por no atender a la diversidad sociolingüística de nuestro país.
Osakidetza se divide en 13 organizaciones sanitarias integradas (OSI). Solo en una de ellas las peticiones de atención en euskara superan el 50%, en la de Tolosaldea, donde llegan al 53%. ¿Cómo están perfiladas las plazas de médico de familia? En el 96% de ellas, 50 de las 52, tienen como requisito un perfil lingüístico en euskara preceptivo. ¿Y cuántas de éstas están ocupadas? Un total de 43. ¿Resolverá la carencia exigir también perfil lingüístico en esas dos únicas plazas que están sin este requisito? En absoluto. Únicamente reducirá más la posibilidad de empleo a los facultativos castellanohablantes.
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¿Qué pasa en la otra punta de nuestro país? Podemos examinar la OSI de Barakaldo Sestao. También lo hemos preguntado. Demanda atención en euskara menos del 1% de los pacientes. Sin embargo, están perfiladas con requisito lingüístico el 65% de las plazas, 64 de 98, de las que están ocupadas 50. En esta OSI tenemos un 51% de médicos vascohablantes para un 0,91% de pacientes que piden ser atendidos en euskara.
La situación es similar en otra OSI cercana, la de Margen Izquierda-Encartaciones-Cruces, donde, a una necesidad de atención en euskara sentida por el 1,56% de los pacientes, Osakidetza responde perfilando con preceptividad el 71,6% de las plazas de médicos de familia. ¿Qué beneficios aporta tanto requisito lingüístico en todas las zonas sin atender a sus necesidades? Ninguno. ¿Y qué aportaría exigirlo en el 100% de las plazas? Imposibilitar un puesto estable a facultativos castellanohablantes para una población que en su inmensa mayoría no demanda atención sanitaria en euskara. No les echarán, porque de momento, como reconocen, no hay con quien sustituirles; les dejarán en precario, y así ahuyentarán a muchos más.
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Hemos analizado el ejemplo del portavoz de EH Bildu en su discurso de apoyo a la propuesta del PNV. Podríamos hacerlo con todas las demás categorías de personal sanitario, con mayor discrepancia si cabe, porque los requisitos lingüísticos aumentan según la categoría profesional disminuye. Hoy Osakidetza exige perfil lingüístico al 59% de sus plazas cuando la petición de asistencia sanitaria en euskara es más que notoriamente inferior, un 16,2%. ¿Curioso? No. Es que hay que cuadrar las cuentas publicitarias.
Exigir el 100% de personal euskaldun no sirve para cubrir ninguna necesidad lingüística real, solo para precarizar o incluso expulsar al personal castellanohablante y privilegiar a quienes saben euskara, hasta en perjuicio de la atención bilingüe. Se han invocado injusticias contra los vascohablantes en el siglo XVIII o en el siglo XX, pero las injusticias del pasado no pueden justificar nuevas injusticias en el futuro, como se pretende, cambiando en este caso a los agraviados por las mismas.
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Entiendo a fondo que la participación en un grupo conlleva exigencias de membresía. Es el caso de la OTAN. Lo que no entiendo es la caprichosa variación de reglamento. Con Biden como presidente, la contribución oscilaba entre el 2-3%. Ahora se impone el doble. ¿Es necesaria esta oscilación? ¿O es la imposición de un tirano para impulsar la industria armamentística de su país? ¿En qué análisis o estudio de la amenaza ha desembocado esta imposición? ¿No es más razonable analizar primero en profundidad el actual modelo? ¿Identificar lo que pretendemos? ¿Organizar para consensuar por último el reparto de cargas? Privarnos por otra parte de derechos básicos en casa para entregar la recaudación a un déspota, me recuerda la época medieval. Trump publicitó sus dudas en relación con la OTAN en su primera legislatura. También lo hizo Macron. ¿Si tanto recelo le inspira, salvo para ganar dinero, porque no es USA quien abandone la estructura? Que gran oportunidad para forjar nuestra propia seguridad europea. Mire señor Trump, ahora que ya se sabe el nombre, «Spain, the first».
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