Soluciones para Catalunya y España

En Catalunya, los partidos independentistas tienen mayoría en el Parlament y aunque no la tienen en la sociedad, sí que representan aproximadamente el 47 % del electorado. Hay que reconocer, pues, que el sentimiento independentista, la voluntad de separarse de España y construir un Estado propio, es muy significativo y no puede desdeñarse. Es por ello que hará falta una buena dosis de política para hacer que en Catalunya pueda establecerse una mayoría que dé apoyo a reformas que solucionen buena parte de los problemas reales existentes, y sobre los que se articulan mayorías parlamentarias y sociales mucho más amplias que las concitadas por la independencia, o el unilateralismo. Una mayoría que debe actuar con pleno respeto a la legalidad y a los mecanismos y las mayorías necesarias para modificarla.

Este es mi objetivo. Llevamos más de medio año sin actividad normal del Parlament. Medio año sin control al Govern, sin iniciativas parlamentarias, sin proyectos de ley, medio año sin gobierno, medio año de desconcierto. En estos últimos seis meses la política catalana se ha visto envuelta en una espiral de despropósitos, ilegalidades, desconfianzas y populismo. Y se hace difícil ver una salida a este callejón que no pase por rebajar la tensión política y aceptar el principio de realidad. Ese principio que indica que sin respeto a la legalidad no se puede construir un proyecto político, y tampoco un país. Ese que apela al sentido común, como elemento básico y necesario para la toma de decisiones políticas. Ese que aconseja tejer amplias mayorías para poder avanzar, desde el convencimiento de que un país dividido en dos mitades enfrentadas será incapaz de progresar. Catalunya necesita un respiro. Necesita un Govern para volver a hacer política, pero sobre todo necesita que haya espacios de crítica, de diálogo y de confrontación desde el respeto a todas las ideas.

En Catalunya se ha abandonado la política. Han triunfado eslóganes de consumo fácil como «las calles serán siempre nuestras», «lo queremos todo», «tenemos prisa» o «el mundo nos mira». La simplificación niega una realidad compleja, distorsiona los hechos, demoniza al discrepante y convierte el debate político en una suerte de debate teológico o, mejor, pseudoreligioso. En el caso de Catalunya, bajo el eslogan del derecho a decidir se ha pretendido desconocer la opinión de quienes no compartían el proyecto independentista, la mayoría. Más de la mitad de los catalanes y catalanas han sido ninguneados desde su gobierno autonómico y, yendo aún más lejos, se pisotearon sus derechos, a través de las facultades hurtadas a sus representantes electos, en las infaustas sesiones parlamentarias de 6 y 7 de septiembre y con la declaración unilateral de independencia del 26 de octubre. Esto ha socavado los cimientos de nuestra convivencia y ha situado a nuestras instituciones de autogobierno fuera de la legalidad.

Es por ello que, aunque no lo comparta y lo combata políticamente, respeto el sentimiento independentista y la consecución de un Estado propio por medios democráticos y ajustados a la ley, pero no puedo dejar de alertar sobre el tremendo e histórico error que ha sido el optar por la vía ilegal y unilateral. Un error que no puede oscurecer el hecho que, desde el Gobierno de España no se ha hecho propuesta alternativa alguna y no se ha abierto ningún escenario de diálogo para construir acuerdos sobre reclamaciones justas y necesarias que concitan un gran consenso en Catalunya. Esa sensación de dejadez evidente por parte del Gobierno de España ha dado alas y relato a los defensores de la unilateralidad: ya que era imposible la reforma, sólo cabía la ruptura.

Catalunya necesita con urgencia un Govern que se sitúe dentro de la legalidad. Compuesto por la mayoría independentista, en coherencia con el resultado electoral, pero alejado de cualquier tentación unilateral e ilegal. Necesitamos que el artículo 155 de la Constitución deje ser aplicado en Catalunya, dando paso a la normalidad institucional. Necesitamos paralelamente que el Gobierno de España se comprometa en un diálogo sincero y honesto sobre cuestiones relevantes que en Catalunya generan un consenso mucho más mayoritario que la independencia. Necesitamos abrir un nuevo período de retorno a la política, capaz de poner sobre la mesa nuevas prioridades, y necesitamos abrir el debate sobre la reforma de la Constitución, para modernizarla, adaptarla y hacerla más acorde a las necesidades de la población. Y eso debe proporcionar margen para reforzar el Estatuto de Cataluña. Y en algún momento deberemos someter a las urnas en Cataluña y en toda España esos grandes acuerdos.

Necesitamos todo esto y muchas más cosas. Pero el inicio de este retorno a la política depende de dos actores que hoy por hoy no parecen dispuestos a ceder un palmo del terreno. Por eso, y por dar también una alternativa a quién ve con desesperanza que el bloqueo político está dañando la convivencia, la economía y nuestro futuro, conviene decir también que si desde la actual mayoría parlamentaria catalana no se quiere o no se puede, otros tendrán que hacerlo, y si en Madrid tampoco se está por la labor, cuanto antes cambie la mayoría de gobierno, mejor.