Una solución estable

Que el porcentaje de policías municipales interinos se haya elevado al 19,5% apunta a una anomalía que ha de corregirse a la luz de la sentencia del Supremo

La sentencia por la que el Tribunal Supremo determina que los ayuntamientos no pueden atribuir a los agentes municipales con contrato eventual «las labores de autoridad» propias de cualquier cuerpo policial constituye un mandato ineludible para los municipios directamente interpelados y para el Gobierno Vasco. Un mandato para procurar una salida viable, estable y acotada en el tiempo a un contencioso que ha sumido en la incertidumbre el futuro de 611 policías en Euskadi, el 19,5% de los 3.119 totales. Que el listón de la interinidad se haya elevado hasta ese porcentaje, y cuando la Ertzaintza no recurre a esta modalidad de personal, subraya la existencia de una anomalía que el Supremo acaba de rechazar que pueda perpetuarse, tras fallar contra los recursos presentados por el Ayuntamiento de Santurtzi y el Ejecutivo vasco. No se trata de dudar de que los consistorios tengan necesidades puntuales que cubrir, por ejemplo ante bajas laborales o refuerzos puntuales de sus servicios de seguridad. Como tampoco se trata de poner en cuestión la profesionalidad de quienes llevan, en algunos casos varios años, encargándose de la protección de sus convecinos sin haber accedido al funcionariado. Pero es precisamente la relevante tarea que desempeñan y la exigencia de máxima eficiencia que comporta lo que obliga a dotar a los cuerpos policiales que patrullan nuestros municipios de la seguridad y el arraigo en sus funciones que ahora reclama el veredicto del Supremo. En este sentido, no parece que la figura del agente 'auxiliar' que se crea al compás de la aprobación, ayer en el Parlamento, de la nueva Ley de Policía vaya a poder cumplir por sí misma el hueco que el Alto Tribunal exige a los ayuntamientos que salven de aquí a dos meses. La consejera de Seguridad, Estefanía Beltrán de Heredia, apuntó ayer otras dos vías de solución: la celebración de oposiciones «extraordinarias» para que los eventuales puedan consolidarse como funcionarios y la ampliación de las 270 plazas previstas para la tercera convocatoria unificada de policías locales. Las medias que se adopten deberían serlo de manera consensuada, teniendo en cuenta las particularidades de cada consistorio y las cualidades y el trabajo realizado ya por los agentes inquietos por su futuro profesional.