Una sociedad histérica

J. M. RUIZ SOROA

No de otra forma sino de histeria colectiva cabe calificar lo que desde hace años tiene lugar en España con todo lo que tiene que ver con la definición legal de las conductas delictivas, con la duración de las penas privativas de libertad y, en general, con el comportamiento de los tribunales en el enjuiciamiento de los culpables. Pues sucede que la opinión pública grita a favor de incrementar el número y clase de conductas delictivas, aumentar la duración de la pena de cárcel y, en general, disminuir las garantías de los justiciables restando fuerza a la presunción de inocencia. Todo ello como si viviéramos en una especie de estado de naturaleza en que los delitos se hubieran disparado y los delincuentes fueran poco menos que agasajados por los tribunales. Cuando en realidad, la situación objetiva y constatable no es esa sino exactamente la contraria. De manera que hay una contradicción escandalosa entre la realidad por un lado y su percepción social por otro: histeria.

Sólo la histeria social explica que en uno de los países de Europa en que la tasa de delitos por habitantes es más baja (sí, mucho más baja que en Francia, Reino Unido, Portugal o Italia), incluidos en el cómputo toda clase de delitos, sean los que atentan contra las personas o contra sus bienes, los de violencia de género o los sexuales, se estén sin embargo aplicando unas penas de privación de libertad (cárcel) que son prácticamente el doble de largas que las de esos países de nuestro entorno (nueve años de media contra cuatro). Y que se mantenga en prisión a un porcentaje de la población que se sale totalmente de los parámetros europeos por su sorprendente tamaño (la media europea es de 90 habitantes por cien mil, la española de 130, la de un país con similar delictividad como Suecia es 53). España es prácticamente el país de Europa que mantiene presa (sobre todo preventivamente) a mayor porcentaje de su población, a pesar de que su índice de delitos por población es mínimo. Y es el que aplica penas más severas y vengativas, como la de cuarenta años de reclusión sin posibilidad de revisión. Y no satisfecha con ello, la sociedad clama últimamente por la cadena perpetua con un plazo de revisión desmesurado que no se conoce en Europa. Porque una cosa es decir que muchos países europeos poseen la cadena perpetua y otra muy distinta es ocultar que su duración media es baja porque es fácilmente revisable. En Alemania esa cadena perpetua dura de media 18 años.

¿Qué ha pasado? ¿Cómo ha podido suceder que una sociedad moderna y abierta como la española haya llegado a caer en semejante estado de histeria punitiva? ¿Cómo es posible que la gente crea a pies juntillas que no hay ya otro remedio que intensificar los castigos cuando estamos en el país más pacífico de Europa? ¿Cómo se ha llegado a exacerbar el populismo punitivo, el más torpe y basto de los populismos, en un país que podía presumir en los ochenta de su equilibrio en la materia? ¿Cómo hemos llegado a una situación en que las garantías de los justiciables han disminuido seriamente y, a pesar de ello, se reclama en las calles poco menos que su supresión en los casos más calientes? ¿Cómo hemos caído en un estado de cosas en que se llega a reclamar a los tribunales con toda impudicia que apliquen las leyes de acuerdo con algo llamado pomposamente sensibilidad social y que no es sino miedo, ignorancia y prejuicio a partes iguales? ¿De verdad creen que hay manadas de violadores sueltos, que en la calle te matan por un reloj, y que subir en el ascensor con un hombre es un serio riesgo estadístico de sufrir abusos? Pues lo parece si escuchamos el grito con que la jauría social pide más y más represión.

Está bastante claro que en esto no podemos echar la culpa a los políticos. No, esta vez no han sido ellos. Se han limitado a subirse a la ola de punitivismo que recorre la sociedad y darle a la jauría lo que pide: más leyes, más delitos, más penas, más largas, más castigo, más cárcel. ¿Y quién ha sido entonces? Pues creo yo que fundamentalmente los medios, que la opinión de que vivimos en un mundo en que los delincuentes campan a sus anchas y que perecerá pronto si no castigamos más y más, la han creado los medios. No deliberadamente, claro, no en esos sesudos editoriales que nadie lee, sino como un subproducto inintencional de una actividad informativa obsesivamente centrada en los delitos y en sus detalles, en la recreación del dolor y la emoción, en el repugnante escudriñar en lo peor de la condición humana, en su afán por presentar como categoría lo que no es sino la excepción aislada. Se hacía para vender pero se generó otra cosa: histeria primero, populismo punitivo después, y al final represión a carretadas.

Pero, junto con los medios y a través de ellos, hay que decir que sido un error tremendo el haber otorgado en España a las víctimas de los delitos una voz y un papel en la definición de la política criminal que es contraproducente. Las víctimas tienen derecho a muchas cosas pero no se les debe escuchar cuando se habla de penas y castigos porque para ellas todo castigo es por definición escaso. Es humano. Pero la ley no puede definirse desde esa clase de humanidad doliente de juicio nublado. ¿Por qué creen que una víctima o sus allegados no pueden formar parte de un jurado? Porque no son imparciales sino todo lo contrario. Pues por lo mismo, no hay que darles la oportunidad de hablar de los castigos o la prevención. Para ellos, todo es poco. Para la buena ciudadanía, en cambio, lo que hay en esta nación nuestra es ya demasiado.

Contenido Patrocinado

Fotos

Vídeos