Sobre reorientar la política penitenciaria

OIHANA GARMENDIA/KAI SAEZ DE EGILAZPresoen Batzordea (Sortu)

Le vamos a reconocer señor Loza una cuestión, usted y su ámbito político están diciendo cosas que difícilmente hubiéramos esperado de sus predecesores en el cargo y en el gobierno. Pero, a la espera de los hechos, tras corroborar el cambio de contenido, tono y matices en el discurso, su escrito merece varias acotaciones si lo que pretenden es insertar la política penitenciaria en clave de convivencia.

Su argumento sobre la victoria definitiva del Estado de Derecho sobre ETA parece una de sus ideas-fuerza. Al margen de su veracidad o no, en la sociedad vasca hay opiniones variadas sobre esta cuestión y sobre quien ha dado, y quién no, pasos por la paz en los últimos siete años. Sin embargo, lo que si denota esa idea es que pueden tener la tentación de situar la resolución de las consecuencias del conflicto en clave de vencedores y vencidos, en clave impositiva y de convivencia a la fuerza.

Dice que las políticas de alejamiento y de dispersión son estrategias de Estado que, desaparecida ETA, no tienen lógica, pero da por bueno su mantenimiento durante más de 30 años sin hacer la mínima autocrítica de lo que ha supuesto esta política y las víctimas que ha generado. Afirma que el alejamiento no favorece en absoluto la convivencia, genera dificultades a las familias y al entorno del preso, y añade que, entre cosas, genera victimismo. No señor Loza, ha generado y genera victimas en las cárceles y las carreteras. La utilización de ese modismo pretende obviar la palabra sufrimiento, cuyo mantenimiento es lo que no favorece la convivencia.

Consideramos, como usted, pertinente (y obligada) una reorientación de la política penitenciaria y coincidimos en los tres aspectos que remarca: el acercamiento es legal, no constituye ningún beneficio penitenciario y no precisa de ninguna disposición especial a cumplimentar por el preso. Siendo esto así ¿por qué acercamiento individual si el alejamiento fue discrecional y generalizado? ¿por qué progresivo en tiempo y espacio, si se alejó de una vez y por toda la geografía peninsular (e insular)?

Es más, ¿por qué comenzar con los presos sin delitos de sangre y la mayoría de la condena cumplida, los enfermos y los mayores de 70 años? Si no hay exigencias, ni es beneficio y además es legal ¿por qué no simplemente acercar a quien lo haya solicitado, o lo solicite, independientemente de su edad, salud, cumplimiento o tipo de delito? ¿Cual es el problema para repatriar a todos y todas? Le recordamos de paso que aún hoy, se sigue alejando a los entregados por el Estado francés.

Es cierto que el acceso a los beneficios penitenciarios tipo tercer grado o libertad condicional tienen unos requisitos pero, ¿por qué Juntas de Tratamiento, SGIP, JCVP,... exigen esos mismos requisitos para cualquier mínimo paso previo a ese estadio (2º grado, intervención de comunicaciones, acercamiento)?

También echamos en falta una mención a las argucias jurídicas como la 'Doctrina Parot' antes y el obviar el cómputo de penas del Estado francés ahora. ¿Acaso están esperando a recibir otro sopapo del TEDH de Estrasburgo? Nada les impide actuar de oficio contra esa burla la ley que alarga ilegalmente los tiempos de estancia en prisión de decenas de personas.

Por otro lado, si la política penitenciaria debe desligarse de la política antiterrorista ¿por qué ese énfasis en la tutela del JCVP de la Audiencia Nacional? ¿No piensan devolver la vigilancia penitenciaria a los juzgados naturales y sacarla de la jurisdicción de excepción?

Sobre la autocrítica, nos viene con una sugerencia «un proceso al que Sortu y el conjunto de la izquierda abertzale puede contribuir de forma crucial realizando la propia autocrítica de su pasado de apoyo a ETA, señalando así el camino a realizar por sus presos». Hablando de la violencia, es probable que a estas alturas, este país ande más necesitado de la contribución de su partido y el PP a una autocrítica y asunción del daño causado. El terrorismo de Estado auspiciado y dirigido por gentes de sus culturas políticas no fue ninguna anécdota. La tortura atestiguada por los 4113 casos documentados tampoco. Sin duda, podrían contribuir más que nadie porque, al parecer, todas estas cosas se hicieron en nombre y al servicio del Estado de Derecho. Aquí, el fin si parece que justificó los medios.

Finalmente, sugiere que la reorientación de la política penitenciaria debiera ser considerada por todos los partidos una cuestión de Estado. Eso Sr. Loza, y vistos los precedentes, da miedo, ¿por qué no una cuestión de democracia y derechos humanos? Las cuestiones y las razones de Estado son las que llevaron a diseñar o a condescender con la guerra sucia, la tortura, el derecho penal del enemigo, las ilegalizaciones, el alejamiento... o recientemente el artículo 155 en Cataluña. Las cuestiones de Estado poco tienen que ver con la la profundización democrática o con la convivencia y mucho con la imposición.

 

Fotos

Vídeos