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Los residuos nucleares de la dictadura

xabier ezeizabarrena

Viernes, 21 de septiembre 2018, 06:21

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En fechas recientes hemos conocido, por distintos medios de comunicación, la existencia de residuos de lodos radiactivos en los márgenes del río Jarama, entre Madrid y Toledo, depositados por el régimen franquista desde 1970 en diferentes lugares clandestinos. Incluso, algunas de las zanjas abiertas para tal fin no están localizadas a día de hoy. Este hecho y la ausencia de transparencia por parte de la Administración y del Consejo de Seguridad Nuclear durante décadas vuelven a poner de manifiesto los retos pendientes de muchos países desarrollados respecto de la energía nuclear y sus residuos radiactivos.

El propio debate abierto sobre el modelo energético o la imprescindible protección de los recursos naturales vuelven a demostrarnos las importantes limitaciones derivadas de nuestro modelo económico de desarrollo. De momento, sobre los residuos nucleares escondidos junto al río Jarama no existe respuesta jurídica de ningún tipo por parte de la Administración Pública o del Consejo de Seguridad Nuclear. Vertidos clandestinos de Cesio-137 y Estroncio-90 que nos demuestran lo poco que importan las fronteras políticas que rodean las interacciones del medio ambiente, pues éste desborda nuestros límites territoriales y nos recuerda la directa inaplicación de fórmula de prevención alguna sobre daños en la atmósfera, en el suelo, en las aguas o en los mares en el caso que nos ocupa, nada menos que desde 1970. La problemática de los residuos nucleares no es nueva sin que hasta la fecha existan visos de solución a un problema que la crisis ambiental global tampoco ha contribuido a solucionar.

El modelo actual de gestión energética se suele justificar en las necesidades energéticas y económicas de cada Estado para olvidar el cumplimiento de los compromisos internacionales, soslayando que la problemática nuclear sigue sin dar respuesta tecnológica a la imprescindible gestión de los residuos nucleares. Con ello, se mantiene una gran batalla política para dirimir los niveles de cumplimiento de la legalidad internacional, sobre lo cual hay quienes pretenden quedar exonerados gracias a los generosos límites de su soberanía, para huir de principios que supongan alguna injerencia en sus políticas energéticas. De hecho, como es conocido, a nivel europeo e internacional se ha formalizado un auténtico régimen jurídico y bursátil de comercio con los derechos de emisión de gases, por ejemplo. Este mercado es arbitrado entre los Estados y las empresas que han agotado sus cupos y quienes tienen margen de compra y mercado sobre las emisiones a la atmósfera.

Mientras esto sucede en Occidente, los países en vías de desarrollo llevan años soportando el impacto de estas emisiones en su biodiversidad, en sus actividades primarias y en sus economías en zonas dependientes de los sectores básicos, especialmente de la agricultura y la pesca. Su futuro lleva siglos ligado al impacto de un modelo que tiende a hipotecar el futuro de muchas sociedades. Frente a ello, subsisten a nuestro alrededor políticas energéticas y económicas coyunturales, de mero impulso al consumo como condiciones habituales de la reacción internacional ante la crisis.

El impacto global del dilema nuclear y sus residuos radiactivos solamente puede intuirse en la distancia y minimizarse con políticas locales comprometidas y tecnológicamente contrastadas. Un reto que demanda acciones locales, transparencia y rigor, junto con apuestas globales basadas en el acceso universal a la energía limpia, la solidaridad, la sostenibilidad real y la inversión en tecnología, innovación e investigación para hacer frente al futuro sin renunciar al propio presente escondiendo residuos de manera clandestina.

En este complejo marco, las Naciones Unidas y la Unión Europea debieran replantear sus difusas posiciones sobre la cuestión nuclear y sus residuos. Es necesario que ambas instituciones aborden la cuestión y pasen a ser instrumentos políticos activos. Esa debiera ser su contribución para que el Derecho y la Justicia de los bienes comunes se globalicen. Claro que para proteger el medio ambiente y los recursos que lo integran no es suficiente con el Derecho. Sigue siendo necesaria una receta de compromiso de lo local a lo global para atajar los problemas desde su raíz y medir los resultados antes de la toma de decisiones globales. El Consejo de Seguridad Nuclear y las Administraciones Públicas competentes tienen en los depósitos clandestinos del río Jarama un importante reto de gestión y transparencia.

La gestión de los residuos radiactivos no debería seguir siendo un proceso opaco y oscuro. De lo contrario, el modelo corre el riesgo de no dar una sola respuesta política y jurídica a situaciones como la acontecida en los márgenes del río Jarama, mientras una parte del entorno se pudre bañado en cesio y estroncio.

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