Registro complejo

El Gobierno no puede obviar la amplia y dispar casuística que complica el mandato para que todos los trabajadores fichen a fin de evitar las horas extra

EL DIARIO VASCO

La entrada en vigor del Real Decreto Ley que obliga a las empresas a registrar a diario la hora de inicio y final de la jornada laboral de todos sus empleados, a fin de combatir el trabajo extra que no se remunera o recompensa de otro modo, se saldó ayer con la elocuente e inusual admisión por parte del Gobierno de que la medida «no se ha tomado en serio». Este fue el lamento con el que la ministra de Trabajo en funciones, Magdalena Valerio, constató el fracaso del Ejecutivo a la hora de que la iniciativa se aplique con carácter generalizado tras haber dejado dos meses a los empleadores para que fueran adaptándose al cambio normativo. Valerio apuntó a la responsabilidad empresarial, antes de advertir de que movilizará a sus inspectores para asegurar que la obligatoriedad de fichar se ejecuta. La pertinencia y necesidad del paso dado por el Gabinete de Sánchez son difícilmente discutibles: cada semana se cubren en España 6,4 millones de horas extras, de las que casi la mitad no acaban siendo pagadas -y, por lo tanto, tampoco cotizadas a la Seguridad Seguridad- ni compensadas con tiempos de descanso. La aplicación de mecanismos de control no solo ha de perseguir el fraude y mejorar la protección social de los trabajadores afectados, sino que debería contribuir a la implantación de jornadas más ajustadas a las necesidades reales de producción y también más acordes con el reto de la conciliación. El carácter bienintencionado de la nueva regulación no obvia, no obstante, los escollos existentes para hacerla real y efectiva ante una casuística tan amplia, dispar y compleja que resulta complicado embridarla bajo un único parámetro. Porque no todos los puestos de trabajo son susceptibles de someterse al mismo control, ni todas las empresas disponen de mecanismos equiparables para registrar sus jornadas laborales, ni todos los trabajadores cuentan con la misma disponibilidad para hacerlo -ahí están, por ejemplo, los comerciales o las empleadas de hogar-. Es evidente que los empleadores interpelados no pueden escudarse, sin más, en las dificultades para demorar lo que el decreto gubernamental les reclama. Por una cuestión de justicia y por la importancia de contar con una radiografía lo más precisa posible de qué trabajo se está efectuando y de qué manera, en una sociedad cambiante con empleo limitado. Pero el Gobierno tampoco puede descargar su propia responsabilidad para que se cumpla lo que patrocina; especialmente cuando adoptó su medida por la discutible y unilateral vía del decreto ley.