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En el juicio que va a realizar el Supremo a los dirigentes del proceso independentista catalán el sistema político español se juega mucho. Es un proceso judicial, por lo que hay que exigir un enjuiciamiento imparcial y justo, de acuerdo a lo que establecen las leyes. Nada más y nada menos. Pero en esa tarea, los jueces tienen un reto especialmente difícil. Además de fijar los hechos de los que son autores los procesados, deben valorarlos para determinar qué delitos de los fijados en el Código Penal les son de aplicación. Una tarea resbaladiza.