Realidad plurinacional y derecho a decidir

Como principio de partida y base para la convivencia no existen argumentos democráticos para oponerse a que las sociedades decidan su futuro libremente; lo que cabe debatir es tanto la forma a través de la cual puede materializarse tal toma de decisión o decisiones como también la compleja delimitación de qué ha de entenderse por tales sociedades.

Ni una otra cuestión tienen desarrollo legal a día de hoy y esa ausencia de regulación normativa conlleva que el debate se ubique más en el terreno de la filosofía política que el del Derecho. En efecto, el denominado derecho a decidir no es un concepto acuñado jurídicamente, es decir, que se encuentre positivizado o normativizado, sino que se conceptúa y desarrolla desde una visión politológica o filosófica y se articula más como un proceso que un acto que agote sus efectos en sí mismo.

Sea cual sea su concreción final, el denominado derecho a decidir de la sociedad vasca ha de ser punto de encuentro, no de ruptura. En el imaginario colectivo este derecho viene asociado con una urna, es decir, con una consulta. Queda así vinculado a la figura totémica de un acto plebiscitario en el que todas las posiciones se simplifican en un sí o un no.

Frente a esta orientación cabría proponer otro enfoque más extenso y aglutinador de las diferentes sensibilidades que conviven en nuestra sociedad: consistiría en trabajar y esforzarse por buscar una formulación de nuestro autogobierno en la que puedan encontrarse una gran mayoría de personas. ¿Por qué contentarse con un 50% cuando evidentemente con renuncias y cesiones recíprocas podemos, tras un trabajo de deliberación y debate, ofrecer a la ciudadanía una propuesta en la que pueda encontrarse satisfecha un 75%?

Si confundimos nuestros deseos, nuestros anhelos con Derechos y exigimos su materialización sin cobertura legal (como ocurre con la consulta habilitante) se frustraría todo el proceso de reforma, mejora y actualización del autogobierno vasco.

La nación vasca posible no es ilimitada, no es la nación de la izquierda abertzale, tampoco la nación del nacionalismo tradicional. La nación vasca posible tampoco es la de los constitucionalistas empeñados en reducir todo a la identificación de una mera comunidad cultural. Hay que lograr aglutinar todas esas concepciones y maneras de ser y de sentirse vasco para lograr emerger una nación vasca común en la que el sueño y las aspiraciones de unos no se convierta en las pesadillas de los otros.

Quien defiende la unilateralidad ante la imposibilidad de acuerdo o de pacto entre diferentes no solo la promueve frente a «Madrid», frente a la legalidad española, sino también frente a la otra parte de la sociedad vasca que no comparte su hoja de ruta. Acordemos entre nosotros, eso nunca será claudicar sino avanzar juntos hacia un proyecto de nación compartido.

El reconocimiento de la plurinacionalidad es clave para que el sistema de distribución territorial del poder político logre de una vez por todas superar el inagotado debate acerca de la ausencia de una acomodación política dentro del Estado español de realidades nacionales como la vasca o la catalana.

La fácil demagogia populista imperante refleja en realidad el temor a debatir sobre lo verdaderamente importante: ¿a quién le interesa que se enquiste nuestro debate, le llamemos conflicto o con otras denominaciones? No somos, como ciudadanos ni como pueblo vasco, más ni mejor que nadie. No pretendemos reivindicar un puesto preferente en un hipotético ranking territorial comparado, ni juzgar desde la prepotencia jerarquizadora nuestra manera de entender las relaciones sociales y políticas, entre otras cosas porque Euskadi es plural y heterogénea.

El principal problema para el avance de nuestro proyecto común radica en que el andamiaje sobre el que se construye la política en el Estado español corresponde a un traje y a una doctrina de hace décadas, sostenida desde posturas inflexibles y para las que sólo existe un sujeto en democracia que es el Estado.

Si fuésemos realmente una democracia plurinacional se admitiría con normalidad (y con recíproca empatía) la necesidad de garantizar y proteger, ante la hegemonía nacionalista que representa el Estado-nación español, a las restantes expresiones nacionales (entre ellas la que representamos desde Euskadi) no en clave de contraposición sino de suma. Ése es el verdadero debate pendiente.

Esa riqueza política debe defenderse desde el respeto a la diferencia. Sólo el reconocimiento de partida de esa premisa podrá generar un clima de entendimiento y de confianza recíproca que permita avanzar en el desarrollo de nuestro autogobierno orientado al bien común de la ciudadanía vasca (se sienta como se sienta, nacionalista o no nacionalista), y a la protección de sus derechos sociales, a la mejora de su organización interna como sociedad y a la evolución de todos aquellos ámbitos que permitan mejor calidad de vida y de la convivencia entre diferentes en Euskadi.