Políticas contradictorias y afán recaudatorio

El RACVN no comparte estas políticas que, bajo el pretexto de reducir las emisiones, devienen en todo lo contrario. Precisamente estas medidas, junto a los efectos de la pandemia, han generado los peores registros de ventas de vehículos nuevos de los últimos años. Además, se observa una gran contradicción. Se pretende desincentivar el uso y la posesión de los vehículos privados, al mismo tiempo que se insiste en preservar y fortalecer la industria del automóvil, calificada como esencial para la recuperación económica. No se puede potenciar un sector clave poniéndole palos en las ruedas constantemente. Precisamente, ese sector está llevando a cabo una reconversión con unas inversiones millonarias para reducir emisiones. De hecho, el sector de la automoción está atravesando una auténtica revolución. Sin embargo, esta cuestión que debería contemplarse como algo fundamental es constantemente torpedeada.

Por otra parte, las ventas entre particulares de vehículos viejos han crecido exponencialmente. Ante tanta incertidumbre y miedo a las restricciones, muchos ciudadanos han optado por alargar la vida de su viejo automóvil o comprar uno de segunda mano antes que arriesgarse a realizar un gran desembolso para un vehículo nuevo que, quizás en un periodo corto de tiempo, no puedan utilizar. ¿No será mejor que esos usuarios puedan comprar hoy un vehículo nuevo que, aunque sea de combustión, contamine mucho menos que sus viejos vehículos? Además, el aumento impositivo de los carburantes fósiles (especialmente el diésel), perjudica a la población económicamente más débil, a los trabajadores de los extrarradios y a la denominada España vaciada.

En conclusión, estamos de acuerdo en el compromiso por procurar una movilidad que cada vez sea más respetuosa con el medio ambiente. Sin embargo, discrepamos profundamente en las formas. No se puede pretender reducir las emisiones y procurar establecer un parque de vehículos menos contaminante mediante la imposición de trabas de todo tipo sin atender a las necesidades de movilidad de cada ciudadano, ni a sus circunstancias. Primero, porque los vehículos de combustión nuevos siguen vendiéndose, son mucho menos contaminantes y la amortización de éstos necesitan de varios años. Segundo, porque no todos los ciudadanos que necesitan un automóvil pueden permitirse la compra de uno nuevo. Tercero, porque todavía no hay un desarrollo suficiente de tecnología, infraestructuras y generación de energía como para sustituir todo el parque de vehículos por otros 100% libres de emisiones. Cuarto, el aumento impositivo a los carburantes y el cobro por uso de las carreteras suponen un duro golpe a las economías domésticas más humildes, tengan un vehículo o no. Si lo tienen pagarán más por realizar el mismo desplazamiento. Además tanto si lo tienen como si no, pagarán más por los bienes y servicios que consuman, ya que en el precio final de éstos repercuten los incrementos fiscales.

Por último, cada vez tenemos más claro que muchas de las supuestas medidas son más bien un pretexto para buscar nuevas fuentes de recaudación. El que usa su coche no va a dejar de usarlo y por lo tanto su vehículo no va a dejar de contaminar, pero eso sí, acabará pagando más. Con las carreteras ocurre lo mismo. El que pueda, seguirá usando las carreteras aunque pague más por ello. Si no puede permitírselo optará por las carreteras secundarias que, a tenor de los datos de siniestralidad de la propia DGT, son viales mucho más peligrosos en los que se producen la mayoría de accidentes mortales. Es decir, la propuesta de la DGT establece que la seguridad va a ser sólo para quien pueda permitírsela.