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Política de alquiler

No habrá una actuación pública eficaz sobre los arrendamientos sin un equilibrio virtuoso entre los derechos de los inquilinos y los de los propietarios

EL DIARIO VASCO

El Consejo de Ministros aprobó ayer un decreto con carácter de urgencia para tratar de aportar soluciones al encarecimiento del mercado de alquiler de viviendas, a raíz de la imposibilidad de acceder al crédito hipotecario durante la crisis, del repunte del precio en una recuperación que no ha repercutido de forma lineal en los salarios y la aparición de fenómenos como los pisos turísticos. La modificación de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) recoge una serie de medidas como la de volver a elevar la duración general de los contratos de tres a cinco años y a siete cuando el arrendador sea una empresa, mientras que las prórrogas tácitas pasarán de uno a tres y se limitan las fianzas del inquilino a dos mensualidades, «a no ser que se trate de contratos de larga duración». Junto a ello, el arrendador no podrá alegar a partir de ahora que necesita el inmueble para desprenderse anticipadamente del inquilino al menos que esa posibilidad figure en contrato. Y la nueva norma modifica la Ley de Enjuiciamiento Civil para «reformar el procedimiento de desahucio», a fin de que los hogares vulnerables tengan más protección con una «mejor coordinación» entre la Justicia y los servicios sociales para evitar situaciones de desamparo. Otra de las novedades relevantes que se introducen es la de modificar la ley de propiedad horizontal con el fin de habilitar a las comunidades de vecinos para que, si lo deciden tres quintas partes de los propietarios, puedan acordar limitar o vetar los arrendamientos turísticos en el edificio. Pero el hecho de que el Gobierno no haya incluido en la norma la contención de precios mediante la confección de índices, tal y como prevé su pacto presupuestario con Podemos, apunta a los límites a los que se enfrenta el cambio normativo, alguno de cuyos aspectos podrían incurrir en inseguridad jurídica. Resulta obligado que el Ejecutivo trate de combatir injusticias que dejen desamparados a los ciudadanos más vulnerables, como puede ser razonable que proteja la posición de los inquilinos. No obstante, no habrá una política eficaz de estímulo al alquiler sin un equilibrio virtuoso entre los derechos de quienes viven a renta y los propietarios de las viviendas. Especialmente porque el mercado precisa de que estos amplíen, con confianza, el parque de viviendas disponibles para una nueva cultura que coadyuve a la emnacipción de los más jóvenes.

 

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