Pinos enfermos y tiempos de nuevas políticas

EVA LOPEZ DE ARROYABIDE, MIKEL KORMENZANA Y JUDIT GARCIA Parlamentaria vasca y junteros por Bizkaia y Gipuzkoa de EH Bildu.

En Euskal Herria el bosque y las plantaciones forestales ocupan en torno al 60% del territorio. Este patrimonio natural ha tenido una evolución muy diferente en los distintos herrialdes, y en el caso de Bizkaia y Gipuzkoa asistimos a una realidad que viene de lejos pero que en los últimos tiempos ha empeorando muy rápidamente y con la llegada de la primavera y verano ha estallado más intensamente coloreando de rojo las oscuras masas verdes.

La diferente gestión de estas superficies ha venido marcada por el tipo de propiedad. En Nafarroa y Araba, la propiedad es en gran medida pública y las especies autóctonas son muy mayoritarias. En Gipuzkoa y Bizkaia, donde la propiedad privada llega al 78,8% y 76,3% respectivamente según el Eustat, la perspectiva económica ha tenido un peso mucho mayor. En estos últimos, sobre todo a partir de los años 50, el pino insignis ha sido la opción mayoritaria, constituyéndose en monocultivo en extensas zonas. En Bizkaia supone el 50% de la superficie forestal y en Gipuzkoa el 35%.

Esta especie foránea se ha adaptado muy bien a nuestras condiciones físicas y climáticas durante décadas, y ha supuesto al desarrollo de todo un sector económico: empleo, ayudas públicas, pistas forestales, formación, investigación, infraestructuras, serrerías, empresas de transformación... Todo ello se ha desarrollado en torno a la explotación intensiva del pino insignis.

En estas últimas décadas, sin embargo, debido a la liberalización de los mercados, a una serie de catástrofes climatológicas y los problemas sanitarios provocados por el propio monocultivo, el precio del metro cúbico de insignis ha ido cayendo hasta valores de hace casi tres décadas. En este contexto, la alarma se ha encendido entre los productores especialmente este año, debido al rápido aumento de la dimensión y efectos irreversibles de una de las enfermedades que acucian a los pinares.

A pesar de esta realidad, el PNV, en las distintas instituciones que gobierna, todavía no ha reconocido el problema públicamente y las políticas se limitan a sostener el mismo modelo que ha traído al sector a la crisis actual, sin ofrecer alternativas reales y sostenibles a largo plazo. En Gipuzkoa, por ejemplo, el año pasado, más del 67% del presupuesto para ayudas forestales fue destinado a compensar las pérdidas económicas que hoy en día supone la actividad. Un 30% se destinó a sacar de los montes los pinares envejecidos y otro 37% a compensar las pérdidas provocadas por las enfermedades.

Es hora de hacer un diagnóstico honesto y de trabajar una alternativa planificada e integral a corto, medio y largo plazo, que minimice las consecuencias económicas, sociales y medioambientales de esta fase en la que el cultivo masivo de pino insignis está llegando a su fin. De lo contrario, las consecuencias negativas para el sector irán en aumento y, además, corremos el riesgo de caer en la tentación de sustituir la especie y mantener el modelo. En Bizkaia, por ejemplo, el eucalipto supone la segunda especie en superficie después del pino insignis con unas 16.000 Ha. Esta solución cortoplacista provoca consecuencias negativas para el medio ambiente, porque el eucalipto funciona como especie invasora y detrás de ella difícilmente crecen otras especies, razones por las que además es muy negativa para la biodiversidad. Además, los turnos de corta de 12 años con matarrasa producen pérdidas de tierra importantes, especialmente en orografías con grandes pendientes.

Los bosques y las plantaciones forestales sostenibles tienen una relación directa positiva en la lucha contra el cambio climático, la biodiversidad, el ciclo del agua, el control de incendios, el paisaje, la economía o el empleo. En nuestro territorio tenemos posibilidad de mantener un equilibrio y desarrollo duradero mediante políticas eficaces. Para ello, es necesario tener en cuenta que tenemos zonas de intervención diferentes: públicas, privadas y zonas protegidas que forman parte de la red Natura 2000. El interés para toda la sociedad es innegable y la administración pública tiene una responsabilidad muy importante.

Es evidente, por tanto, que necesitamos nuevas políticas en las que las perspectivas económica, social y medioambiental estén integradas, también a la hora de medir los beneficios de la gestión realizada. Es hora de abrir la puerta a una gestión planificada de superficies más extensas que vaya más allá de la gestión de cada propietario en su terreno y que se base en las características biológicas, geográficas y edafológicas de las diferentes zonas, así como en las figuras de protección; una gestión que contabilice los beneficios generados (sociales y medioambientales incluidos), que cuente con los recursos necesarios y que reporte su parte correspondiente a los propietarios que así lo decidan, abriendo la posibilidad además, a la generación de empleo. Es necesaria una nueva política trabajada y consensuada con los diferentes sectores y financiada desde fondos europeos a través de los Planes de Desarrollo Rural.

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