Confebask, el Gargantúa del siglo XIX

Los puestos de trabajo en el sector servicios aumentaron basados en malas condiciones de trabajo. En estos sectores, negociar convenios colectivos equiparables con las de sectores masculinizados e industriales era prácticamente imposible, por el bloqueo de la patronal.

Tres décadas más tarde la brecha entre las capas más favorecidas de la sociedad y las más precarias se ha agudizado. En los 90, se extendió la explotación laboral a través de las mujeres y las personas jóvenes; ahora, el empresariado ha decidido añadir a las personas migradas a su menú de precariedad.

Y, cuando hemos tratado de negociar un salario mínimo acorde a la riqueza que genera nuestra sociedad, nuevamente Confebask ha dado un portazo épico a la negociación. El argumento principal que ha utilizado no puede ser más decimonónico: el supuesto perjuicio que el aumento de los salarios más bajos causaría a la competitividad empresarial. Traducido: la competitividad empresarial depende de pagar sueldos miserables.

El argumento es falso. El impacto de un aumento salarial en sectores exportadores que actúan en competencia internacional es mínimo. Incluso con la cifra de salario mínimo que ELA ha propuesto de 1.795 euros mensuales, ello afectaría a menos del 10% del personal. Esto se debe a que el aumento afecta sobre todo al sector servicios, impactando especialmente en mujeres, personas migrantes y personas con diversidad funcional.

Es más, diferentes estudios muestran que el aumento del salario mínimo interprofesional tiene efectos directos en el crecimiento económico de un territorio y en su estructura productiva. El PIB de la Comunidad Autónoma Vasca es comparable al de Estados con salarios mínimos 500 o 600 euros superiores al español. A partir de cierto nivel de ingresos, se generan gastos superfluos e innecesarios. La especulación bursátil es un ejemplo de ello. En cambio, aumentar el salario a quienes menos ingresos tienen genera gasto en productos indispensables para la vida y genera economía real. Y repartir la riqueza también es hacer frente a la pereza empresarial. El empresariado representado por Confebask no quiere esforzarse por aumentar los beneficios empresariales si para ello debe hacer inversiones productivas.

En 2014, Confebask instó a la ilegalización de ELA. Pretendía que quienes no aceptamos sus vetos en las diferentes mesas institucionales y, por ello, no participamos en ellas no pudiéramos tener la condición de sindicatos. Una década después, es Confebask quien se niega a cumplir con la función a la que la ley la ha obligado: negociar convenios colectivos de buena fe. Cabría plantearse (permítaseme la ironía) la ilegalización de una patronal que monopoliza la representación empresarial y, sin embargo, se niega a cumplir con su función representativa. La actitud autoritaria y retrógrada de Confebask confirma el análisis estratégico de ELA. El nivel de acuerdos con la patronal es directamente proporcional al número de huelgas convocadas. El portazo al salario mínimo únicamente ratifica nuestra opción estratégica.

Una última reflexión. Recoge el Manifiesto Comunista que los obreros no tienen patria, porque no se les puede arrebatar lo que no tienen. Confebask se ha empeñado en dar la razón a Marx. Pretende apropiarse de la política salarial y evitar que las instituciones, las estructuras nacionales, sean espacios también para la clase trabajadora. La imposición de la agenda neoliberal por parte de nuestra patronal exige una respuesta institucional contundente. ¿Permitirán que Confebask se apropie de un instrumento fundamental como el salario mínimo? Hemos puesto en marcha una iniciativa legislativa popular que posibilita que la política salarial se adopte de forma democrática, sin opción al veto de Confebask.

Poner a Gargantúa a dieta es una necesidad social y económica, es también un imperativo moral. Esperamos encontrar una clase política a la altura.