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Peligrosa regresión

El intento de Vox de volver a identificar la violencia machista como intrafamiliar no es inocuo: supone mezclar maltratos de distinto origen y dimensión

EL DIARIO VASCO

El combate de los poderes públicos y del conjunto de la sociedad contra la violencia machista, responsable del asesinato de 976 mujeres desde que en 2003 se estableció un registro oficial, tardó en arraigar como un compromiso de país. El indisimulado cuestionamiento de las políticas de género que ha introducido ahora Vox en el debate político y la disposición del PP de Pablo Casado, que había participado hasta ahora en todos los acuerdos parlamentarios en la materia, a entrar en el terreno argumental de la ultraderecha para acceder al poder en Andalucía demuestran que la lucha contra el sexismo extremo está lejos de haberse consolidado. Lejos, porque la cifra de 47 mujeres asesinadas el pasado año -existe un caso pendiente aún de esclarecer- sigue resultando insufrible, por más que sea la más baja desde que se contabilizan como tales los crímenes machistas. Lejos, porque el Pacto de Estado promovido en 2017, con 200 millones de dotación presupuestaria, no se ha activado como debiera. Lejos, en definitiva, cuando una formación como Vox, con presencia por ahora únicamente en una Cámara autonómica, está en condiciones de quebrar un consenso político y social muy trabajoso y que resulta indispensable para hacer pedagogía contra una violencia enraizada en la desigualdad entre hombres y mujeres. Un consenso que, a diferencia de la sospecha que intenta extender el partido de Santiago Abascal, no incrimina al conjunto de los varones; no es fruto de «asociaciones feministas radicales», sino de una ley integral aprobada hace 14 años por unanimidad del Congreso; y no excluye la persecución de las agresiones a hombres, ancianos y niños. El intento de Vox, al que se abierto el PP, de volver a identificar la violencia machista como violencia intrafamiliar no es inocuo ni banal: supone mezclar maltratos de distinto origen y dimensión, alentar la especie de que el riesgo es equirable para las mujeres y para los hombres y devolver discursivamente el problema al seno del hogar; a ese 'ámbito privado' que limitó durante años la intervención institucional y social. Se trata de una peligrosa regresión en un país que ha arrancado 2019 con un crimen más y otra supuesta violación múltiple, en el que ha costado mucho esfuerzo convencer a las víctimas para que confiaran en el sistema y denunciaran, y en el que 16.464 denunciantes -según la estadística del Poder Judicial de 2017- acabaron acogiéndose a la dispensa de no declarar contra sus presuntos agresores. Lo que implica perder la principal prueba de cargo contra ellos.

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