La parálisis del Parlament

Desde el inicio de verano el Parlament está prácticamente cerrado, siendo imposible realizar la función legislativa y de control al Gobierno. Ese cierre se debe al auto del Tribunal Supremo que confirmaba en el mes de julio el procesamiento por delito de rebelión de los diputados Puigdemont, Junqueras, Turull, Romeva, Rull y Sánchez. En virtud del art. 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, dicho procesamiento implica la suspensión del ejercicio del cargo o función pública mientras dure la situación de prisión. Diversos procesalistas han apuntado, no sin cierta razón, que el auto de Llarena ha podido realizar una interpretación extensiva del precepto citado, pues la suspensión está prevista para personas integradas o relacionadas con bandas armadas o individuos terroristas o rebeldes.

No es esta una cuestión menor, porque al fin y al cabo se trata de la afectación de importantes derechos fundamentales. Ahora bien, confirmada la decisión, al Parlament le toca cumplir con la misma, pues se trata de un órgano con autonomía institucional, no soberanía, como a veces se apuntaba desde el País Vasco cuando hubo que acatar diversos pronunciamientos del Tribunal Supremo en relación a la ilegalización de Batasuna. Sin ir más lejos, el Parlamento de nuestra comunidad autónoma suspendió de su condición de representante a Josu 'Ternera' una vez que el Tribunal Superior de Justicia comunicó su situación jurídica al procesarle por el atentado perpetrado en 1987 contra la casa cuartel de la Guardia Civil en Zaragoza.

Los diputados catalanes procesados por el golpe perpetrado contra el Estado de Derecho el año pasado, no aceptan el auto de Llarena y se han ido presentando diversas soluciones para esquivarlo. La primera la dieron los letrados de la Cámara: ser sustituidos temporalmente por otros diputados. Esta es una solución constitucional y razonable en tanto en cuanto hay que procurar que los representantes y grupos parlamentarios no sufran una merma de sus derechos y facultades de participación. Ahora bien, es importante apuntar que ni en el ordenamiento jurídico estatal ni en el autonómico se ha previsto la sustitución temporal de representantes, por lo que no es aplicable a la situación procesal de Puigdemont y los demás políticos independentistas.

Los grupos de Junts per Catalunya y ERC han propuesto que los diputados suspendidos deleguen sus votos en otros diputados.

Sobre esta cuestión me gustaría apuntar que, en términos generales, la Constitución española prohíbe la delegación del voto de los representantes porque este es «personal e indelegable» (art. 79.3). Pese a ello, el Reglamento del Parlament -como por cierto el del Congreso de los Diputados- permite la delegación del voto de los diputados, circunscribiendo dicha posibilidad a casos de maternidad, enfermedad grave e incapacitación debidamente acreditada. No obstante la letra del Reglamento, los diputados independentistas encarcelados o fugados han venido delegando su voto desde antes de que Llarena formulara su auto de procesamiento. ¿Dónde está el problema entonces? Puigdemont y sus compañeros de Junts per Catalunya quieren prolongar la situación previa a dicho auto, porque realizar una nueva delegación supondría la aceptación del mismo y la carga política que ello conlleva: la dura realidad de la legalidad 'española'.

Como los diputados de ERC sí han consentido realizar una nueva delegación, se ha producido el choque final entre las tres formaciones independentistas, formándose dos bandos: Junts pel Sí y las CUP por un lado y el partido de Junqueras por otro. Así las cosas, el Gobierno de Torra se queda en minoría en el Parlament, pues los votos de Puigdemont, Turull, Rull y Sánchez ya no pueden computar como válidos. Resulta precipitado e insondable saber si esto supondrá la ruptura final de la unidad de los partidarios de la secesión: doctores tiene la iglesia procesista.

Si fuera así, no resultaría descabellado que se formara una nueva mayoría con ERC, PSC y los Comunes, en una especie de reedición del infausto tripartito. Claro que en tal caso, quien quedaría en entredicho sería el propio Torra, modelo de candidato accidental que ha llevado a Cataluña a la actual situación de quiebra política e institucional.