Regular no es banalizar

El cannabis medicinal no es lo mismo que el uso recreativo. Su regulación se enmarca en el sistema sanitario: requiere prescripción médica, control de dosis y seguimiento clínico. Si se aplica bajo esas condiciones, la frontera entre medicina y ocio puede mantenerse nítida. El riesgo de banalización no está en el cannabis en sí, sino en cómo se comunica y regula su uso.

Experiencias internacionales respaldan esta visión. En Estados Unidos, donde varias décadas de legislación permiten comparar resultados, los estudios no han detectado aumentos significativos del consumo juvenil tras la aprobación de leyes de cannabis medicinal (MCL). Hasin et al. (2015), en The Lancet Psychiatry, analizaron 24 años de datos sin encontrar incrementos atribuibles a la legalización terapéutica. Un metaanálisis reciente de Pawar et al. (2024), publicado en JAACAP, llega a la misma conclusión: los efectos en adolescentes son «mínimos o nulos». «La política pública no debería confundir el alivio terapéutico con el permiso social», recuerda el epidemiólogo David Anderson (JAMA Pediatrics, 2019).

Una ley médica bien diseñada debe contener tres pilares.

1. Control de acceso: receta electrónica nominativa, dispensación solo en farmacias o centros autorizados, y sanciones por desvío al uso recreativo.

2. Prevención y educación: campañas escolares y comunitarias que expliquen que «medicinal» no equivale a «inofensivo».

3. Vigilancia epidemiológica: sistemas que midan la prevalencia antes y después de los cambios normativos, para ajustar la política con datos reales.

La banalización no es un destino inevitable, sino el resultado de una falta de gestión preventiva.

Los datos más recientes confirman que el País Vasco no presenta un patrón diferencial con respecto al resto de España en materia de drogas. Según la Encuesta sobre Adicciones de Euskadi 2023 del Gobierno vasco, el 7 % de la población consumió cannabis en el último año y el 3,6 % en el último mes; el uso diario alcanza el 1,3 %. En España, según la encuesta estatal EDADES 2022 del Ministerio de Sanidad, las cifras son más altas: 10,6 %, 8,6 % y 2,8 %, respectivamente.

El consumo de otras drogas ilegales también se mantiene en niveles similares o inferiores: 1,3 % en Euskadi frente al 2,5 % estatal. En cocaína, la prevalencia anual vasca es 0,9 %, por debajo del 2,4 % del conjunto de España. Estos datos desmienten la idea de que Euskadi viva una situación excepcional: el consumo de drogas se mantiene estable. De hecho, los informes autonómicos apuntan a una ligera reducción del consumo de alcohol, tabaco y cannabis en los últimos años, mientras aumenta el uso de tranquilizantes con receta, un fenómeno común en todo el país.

La percepción social es determinante. Si la legalización se comunica como una medida sanitaria destinada a pacientes con patologías concretas –dolor crónico, epilepsia, esclerosis múltiple, pacientes oncológicos–, difícilmente los jóvenes la entenderán como un permiso generalizado. La clave es reforzar el mensaje de que el cannabis medicinal es un fármaco bajo control médico, no un producto recreativo o lúdico.

Por eso, los expertos recomiendan envases neutros, etiquetado claro y prohibición de publicidad. En Canadá y Alemania, donde existe regulación médica desde hace años, estas medidas ayudan a mantener la percepción de riesgo entre los jóvenes.

Un canal médico legal y fiscalizado reduce el peso del mercado ilegal, donde hoy se abastece buena parte del consumo juvenil. Al desplazar parte de la demanda hacia circuitos controlados, se limita el acceso a productos adulterados y se debilitan los canales clandestinos. Paradójicamente, la ausencia de regulación puede tener el efecto opuesto: reforzar el mercado negro y dificultar la prevención.

La discusión sobre el cannabis terapéutico no debería plantearse desde el miedo, sino desde la evidencia y la responsabilidad pública. Un marco legal cuidadoso puede convivir con niveles bajos de consumo juvenil. Lo decisivo no es la existencia del permiso, sino la calidad del control y la educación que lo acompañen.

Si el futuro marco legal español mantiene una clara separación entre el cannabis médico y el recreativo, establece sistemas de control eficaces y refuerza la prevención, el riesgo de banalización será más teórico que real. Autorizar el cannabis con fines terapéuticos no es abrir una puerta peligrosa, sino regular con rigor una realidad que ya existe. ¿O es que el consumo de cannabis no está ya banalizado?