Valogreene: perder el norte en la gestión municipal

Sin obviar que aún no es firme –de hecho ha sido recurrida por el gobierno municipal de EH Bildu–, la sentencia no puede ser más clara: los decretos de Alcaldía de 2022 y 2023 que revocaban la compatibilidad urbanística de una planta industrial fueron arbitrarios, erráticos y jurídicamente insostenibles. En resumen, se ha impedido injustificadamente la implantación de una actividad industrial avalada tanto por la arquitecta municipal (en un primer momento) como por el propio Gobierno Vasco, que concedió la Autorización Ambiental Integrada (AAI) después de un riguroso proceso técnico.

La errática gestión del gobierno de EH Bildu ha transmitido una imagen de inseguridad jurídica que puede ahuyentar futuras inversiones. Además, ha alimentado una espiral de confrontación y de desinformación que, en lugar de construir comunidad, nos divide.

El Ayuntamiento debe ser garante del interés general, no un obstáculo. Cuando se juega con los decretos y los informes técnicos en función del viento político, el problema deja de ser técnico para convertirse en profundamente político. Y, en este caso, nos encontramos ante un ejemplo de la peor clase de política: la que no duda en poner en la diana a personas, con ojos y cara, que actúan como es debido.

Hago un inciso para puntualizar que me estoy refiriendo a los ataques y los señalamientos que sufrieron la entonces viceconsejera de Medio Ambiente, Amaia Barredo Martín, así como el director del departamento, Javier Agirre Orcajo. El archivo de las denuncias en su contra viene a ratificar que actuaron conforme a derecho.

Ninguno de los dos debieron ser utilizados como chivos expiatorios en un conflicto provocado por la arbitrariedad y la falta de visión del equipo de gobierno municipal; un conflicto dirigido a generar una alarma social infundada, con tintes claramente electoralistas.

Desde el PNV siempre hemos defendido la legalidad, la seguridad jurídica y la colaboración institucional como pilares básicos para el desarrollo de nuestro pueblo. Y, consecuentemente, pedimos responsabilidad y autocrítica porque este no es un asunto menor ni una victoria judicial de una empresa contra un ayuntamiento; es un exponente de cómo no se debe gobernar. La ciudadanía merece tanto transparencia, como solvencia y visión. Y esta sentencia, lamentablemente, refleja que la actuación del gobierno municipal ha sido justo la contraria.

La pérdida de actividad económica y de puestos de trabajo industriales, así como el hecho de ir en contra de los objetivos de sostenibilidad y de economía circular teóricamente compartidos son cuestiones preocupantes. Pero lo que es realmente grave es recurrir a la polarización, a la manipulación y a la arbitrariedad para mantenerse en el poder a toda costa. Resulta del todo inadmisible que, con ese objetivo, se fomenten miedos injustificados, se impulse la desconfianza hacia otras instituciones vascas y se pretenda asimismo sacar rentabilidad política del sufrimiento de familias sometidas injustamente al banquillo judicial.

Es hora de poner a Bergara en el centro, por encima de prejuicios ideológicos o intereses partidistas. Y eso empieza por reconocer los errores, asumir responsabilidades y trabajar por un futuro más sólido y más esperanzador para todas y todos.