La mejora de la financiación de la universidad pública

En esa línea, y pese a ser de una formación política diferente, en 2012 el ministro Wert impulsó medidas para que las tasas se pudieran situar entre el 15% y el 25% de los costes totales, a la vez que se incrementaban las becas. Esto permitió que mejorara la financiación de las universidades, en especial las que se encontraban en peor situación, y fue aprovechado entonces por algunas comunidades, en especial Cataluña.

En 2017, el 'Informe Montalvo', de la Universidad Pompeu Fabra, investigaba ese caso de las universidades catalanas y concluía que, habiendo permitido el acceso de todos los alumnos interesados y capacitados, por medio de un mayor incremento de las becas, se había conseguido una mejora de la salud financiera de las universidades, el alumnado había mejorado notablemente el rendimiento académico y además se había logrado una mejor distribución de la riqueza.

Lamentablemente, como se ha indicado, el ministro Castells, cambió radicalmente las reglas con la ley citada, lo que está suponiendo hoy una menor financiación de muchas universidades, y una mayor presión sobre las cuentas públicas, con más déficit e incremento de deuda. Hay que destacar que desde 2022 la deuda pública española se ha incrementado en 189.000 millones y el déficit previsto para este año (que habrá que financiar con más deuda), se puede situar cercano a los 48.000 millones, según recientes previsiones del FMI.

En consecuencia, las matrículas de los estudiantes suponen ya, en muchos casos, menos del 10% del coste real de los estudios, lo que implica menores ingresos y una mayor presión sobre la gestión universitaria. En Euskadi, pese a las propuestas, en su día, del hoy consejero de Ciencia y Universidades, no se aprovecharon las posibilidades de actualización de tasas. De hecho, incluso se venía manteniendo la congelación de todas, desde el curso 2015-2016. Así hoy, el precio público de la primera matrícula es el mismo que el del curso 2011-2012, a pesar de que el IPC ha experimentado una subida del 34% desde entonces. Es inaudito, pero los estudiantes (sus familias) quizás están gastando hoy más en ocio que invirtiendo en su propia formación. En el escenario actual, eso tensiona aún más la gestión económica de la universidad.

En el proyecto de Presupuestos del Gobierno Vasco para 2026 se contempla un incremento importante del gasto, y además un mayor nivel de endeudamiento. La cifra total asciende a 16.378 millones, con un incremento del 4,1%. La partida de Ciencia, Universidades e Innovación crece un 6,6%. Hay que recordar que se hace en el marco de nuestra capacidad de autogobierno (Concierto Económico) y que no cubre el fuerte déficit de pensiones, financiado por la caja común de la Seguridad Social. Si lo tuviésemos que hacer, nuestro déficit sería superior al 20%, y haría inviable cualquier subida presupuestaria.

En este contexto, la mejora de la financiación de la universidad pública quizás puede conseguirse con algunos cambios en el modelo, incorporando las buenas prácticas de los países avanzados, como la evaluación de resultados, la optimización de recursos y del gasto (los costes por alumno son muy superiores a los de otras universidades), el incremento de los ingresos en posgrados y la búsqueda de patrocinios. En paralelo, lo más relevante, por su impacto directo, es una modificación de la LOSU, que permita una mejor adecuación de las tasas a los costes reales, como se podía hacer hasta 2023.