La Justicia, la gran olvidada de las elecciones

Parece olvidarse que es la garantía última del cumplimiento de la Constitución y de la Ley, que es lo que conforma el Estado de Derecho, base de una convivencia razonable

La Justicia, la gran olvidada de las elecciones
MIKEL BADIOLA GONZÁLEZABOGADO Y PROFESOR-DOCTOR DE DERECHO ADMINISTRATIVO DE LA UNIVERSIDAD DE DEUSTO (1982-2017)

Habiendo transcurrido casi un mes de 'resaca' desde las últimas elecciones generales, procede tratar, más pausadamente, no sólo lo que se ha dicho en campaña electoral, sino también lo que no se ha dicho, que es lo que ocurre con la Justicia (la ordinaria y la del Tribunal Constitucional), que ha sido la gran olvidada, a pesar de que la competencia sobre su regulación corresponde al Congreso y al Senado a través de las leyes que aprueben, que son las Cámaras Legislativas que se acaban de renovar en estas elecciones generales. Dicho silencio podría ser interpretado como que la clase política considera que la Justicia no tiene problemas. Sin embargo, basta con recordar la 'huelga' de jueces y magistrados/as del año pasado para deducir que la Justicia no está bien. En mi opinión, la Justicia tiene asignaturas pendientes muy importantes y, entre ellas, la evaluación del sistema de recursos contra las decisiones judiciales, que señalo ahora como una más.

En particular, me voy a referir al Recurso de Amparo ante el Tribunal Constitucional contra las sentencias judiciales, que procede cuando vulneran alguno de los derechos fundamentales de la Constitución, siendo uno de ellos, precisamente, el derecho a la tutela judicial efectiva. Desde una reforma legislativa de 2007, para la admisión a trámite de un Recurso de Amparo (que es el filtro para que se pueda examinar el asunto posteriormente), no basta con la posible vulneración del derecho fundamental, pues aquélla introdujo un segundo requisito adicional, consistente en que se acredite que esa vulneración tiene «especial trascendencia constitucional», que existe cuando así lo aprecie el Tribunal Constitucional, de entre unos cuantos supuestos legalmente determinados, pero con una libertad prácticamente total.

Desde que el Tribunal Constitucional inició su andadura, se ha visto desbordado por los numerosísimos Recursos de Amparo interpuestos, que se cuentan por miles cada año. Pues bien, en lugar de ampliar los medios para que los Recursos de Amparo pudieran ser examinados plenamente por el Tribunal Constitucional, la reforma de 2007 se limitó a dotarle de la herramienta necesaria para no admitir los Recursos de Amparo según su voluntad, que es esa denominada «especial trascendencia constitucional», que da lugar a muchísimas inadmisiones de Recursos de Amparo.

Pero ¿no es suficiente «trascendencia constitucional» que una sentencia pueda vulnerar un derecho fundamental (de la máxima importancia constitucional)? Además, con este sistema, si el Tribunal Constitucional (con una libertad prácticamente total) no aprecia la «especial trascendencia constitucional» en un caso concreto, no se elimina la vulneración del derecho fundamental en la sentencia judicial, por lo que ahí se queda; lo que debilita la protección de los derechos fundamentales de la Constitución, y, con ello, se devalúa el Estado de Derecho que tan pomposamente se proclama. En base a todo ello, considero que la situación actual del Recurso de Amparo ante el Tribunal Constitucional es claramente insostenible.

En favor de la restricción del acceso al Tribunal Constitucional se ha dicho que el Recurso de Amparo es un recurso 'extraordinario', y que los juzgados y tribunales ejercen su función de modo bastante correcto. Pero ¿cómo se puede saber si esta afirmación es cierta, si la inmensa mayoría de los Recursos de Amparo son inadmitidos por el Tribunal Constitucional, y éste no entra a conocer si ha habido o no vulneración de derecho fundamental por las sentencias judiciales recurridas? Además, no encaja con esa afirmación el que se interpongan cada año miles de Recursos de Amparo contra actuaciones judiciales; ¿es que los abogados/as se han vuelto locos/as y recurren sin ninguna base ni fundamento? Este es sólo un ejemplo.

Desde la calle vemos a la Justicia a través de las decisiones de jueces y magistrados/as. Son las ventanas de la Justicia ante la sociedad, en la parte más sensible para ésta, como es la resolución de conflictos mediante la aplicación de la Ley. Pero no todo lo que hacen los jueces y magistrados/as depende exclusivamente de su voluntad, sino también del sistema en el que han de actuar; una buena Justicia no sólo radica en unos buenos jueces y magistrados/as, sino también en un buen sistema judicial de procedimientos y garantías, y la determinación de ese sistema no les corresponde a ellos, sino a las leyes del Congreso y el Senado, que son las Cámaras legislativas que acaban de renovarse.

En este contexto, sorprende que no se hable de estas cosas, y que la Justicia haya sido la gran ausente de las pasadas elecciones generales. A veces parece olvidarse que la Justicia es la garantía última del cumplimiento de la Constitución y de la Ley, que es lo que conforma el Estado de Derecho, y que, así, se erige en la garantía de que el derecho sea efectivamente el punto de encuentro de toda la sociedad, base de una convivencia razonable. Por ello, la inversión en Justicia es la más rentable socialmente, y la Justicia debería ser la gran mimada de entre las instituciones públicas. No obstante, como estamos acostumbrados a que luego se realicen actuaciones no anunciadas previamente en campaña electoral, confío y deseo que la Justicia sea una de ellas.