La Justicia, a debate

Una mala sentencia produce la sensación de injusticia y, aunque no es la causa de que afloren comportamientos incorrectos, sí es el caldo de cultivo para pueda ocurrir con más facilidad

MIKEL BADIOLA GONZÁLEZAbogado y Profesor-Doctor de Derecho Administrativo de la Universidad de Deusto (1982-2017)

El reciente caso de 'La Manada' ha puesto sobre la mesa a la Justicia. No voy a referirme a su sentencia ni a su libertad provisional, porque yo no soy 'penalista'. Pero el debate que se ha producido me ha hecho reflexionar sobre algunas anomalías graves en la Administración de Justicia en general.

El Poder Judicial está compuesto por juzgados y tribunales, y su función de administración de Justicia tiene la misión fundamental de resolver los conflictos entre las personas, y entre éstas y las Administraciones e Instituciones Públicas, aplicando el Derecho y, en especial, la ley que, en una democracia, constituye la expresión de la voluntad popular.

Sin embargo, la Administración de Justicia, como toda organización humana, tiene sus deficiencias. Por ello, a veces nos encontramos con sentencias malas, o por contravenir claramente una ley, o por retorcerla para acomodarla a una decisión prefigurada, o por contener una decisión sin justificación suficiente, o por no analizar los motivos esgrimidos por las partes, o por tergiversar los hechos para que el conflicto tenga acomodo en una norma en principio inaplicable, o por…; como se dice coloquialmente, por hacer comulgar con ruedas de molino. Se puede perder un asunto, pero jamás de esta manera. ¿Cuáles son las causas de estas malas sentencias?

En mi opinión, los cánceres de una Administración de Justicia son las circunstancias que socavan sus cimientos y destruyen su misión, tales como la corrupción, el favoritismo, la desidia, la ineptitud y el formalismo. Por ello, dada la enorme gravedad de esas malas sentencias, debería indagarse si sus causas están en el ámbito de dichos cánceres.

Bien es cierto, y es justo reconocerlo, que hay muchos jueces y magistrados/as, y otro personal judicial, que funcionan correctamente. Pero esas malas sentencias también son una realidad, lo que exige garantizar su depuración y su prevención.

Los casos de corrupción que han salido a la luz pertenecen al ámbito de los partidos políticos y las Administraciones Públicas, y no al de los juzgados y tribunales. Pero, dado que éstos son los que deciden si aquéllas han actuado bien o mal, me resisto a creer que la Administración de Justicia sea ajena a la misma corrupción que aqueja a la Administración Pública. Una de esas malas sentencias, dictada en un proceso de mucho dinero o de mucha importancia mediática, institucional o social, podría entrar en el círculo de una sospecha objetiva de corrupción ¿se investiga?

Para los particulares es muy difícil ir más allá de la mera sospecha de corrupción, porque su prueba requiere de medios que la ciudadanía no posee. Pero el favoritismo se detecta a primera vista sin más que la mera lectura de una sentencia (en su contraste con el debate del proceso).

Y lo mismo ocurre con la desidia y la ineptitud. Además, en asuntos complicados en ocasiones se quita el asunto de la mesa so pretexto de defectos formales artificiosos o dudosos o, incluso, inexistentes.

Josemari Alemán Amundarain

En cuanto al formalismo, la Constitución vigente de 1978 incluyó en su artículo 24 el «derecho fundamental a la tutela judicial efectiva», con acceso último al Tribunal Constitucional mediante el recurso de amparo. Sin embargo, el propio Tribunal Constitucional ha descafeinado ese derecho y el formalismo ha ido escalando puestos en la práctica judicial. Hoy día, si hay algo necesitado de reforma constitucional, es este derecho.

Los recursos contra esas malas sentencias no sirven para eliminarlas, porque aquéllos tienen cada vez un margen más estrecho y unas consecuencias económicas muy gravosas y arriesgadas. Y la independencia judicial no puede ser el parapeto para proteger sentencias jurídicamente insostenibles.

La jurisprudencia complementa el Derecho mediante su interpretación y aplicación. Pero la gran falacia es considerar que, por ello, las decisiones judiciales son siempre la verdad del Derecho. Cuando se dicta una mala sentencia, no se actúa «conforme a la ley», sino «contra la ley». Y como la ley es la expresión de la voluntad popular, una de esas malas sentencias es como un golpe de Estado en pequeñito (y digo «en pequeñito» por la limitada afectación a un proceso, aunque puede ser la ruina de las personas afectadas).

No hay que olvidar que, en el mundo civilizado, rige el 'principio de paz jurídica', según el cual nadie puede tomarse la justicia por su mano (que, además, es un delito), sino que ha de acudir a la Administración de Justicia. Por ello, una mala sentencia produce la sensación de injusticia y, aunque no es la causa de que afloren comportamientos incorrectos o violentos, sí constituye el caldo de cultivo para que esos comportamientos puedan aparecer con más facilidad.

Una mala sentencia es un tema muy serio, y revela que, en realidad, sus autores no creen en el Derecho y en la ley, lo cual es aún más grave.

En mi opinión, evitar estas malas sentencias (y otras actuaciones judiciales irregulares) es el meollo de la problemática de la Administración de Justicia y la auténtica asignatura pendiente de nuestro Estado de Derecho. Desde luego, el tema no es fácil, pero lo sorprendente es que nadie hable de ello.

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