Los relatos políticos contra la radicalidad islámica

En los últimos años se ha hablado mucho del concepto de radicalización, pero sigue estando relativamente poco claro. Cuando hablamos de «radical», «radicalidad», «radicalismo» y «radicalización», ¿qué queremos decir? ¿Qué hay de la antiradicalización, la prevención, la desvinculación o la desradicalización? ¿Cuáles son las estrategias de las políticas públicas de los distintos países, en función de sus características específicas y sus ambiciones nacionales, respecto al radicalismo islamico?

Por lo tanto el objetivo no es tanto analizar la radicalización como tal, sino más bien las políticas públicas aplicadas con el objetivo declarado de prevenir o contrarrestar. Los estados que tratan de hacerle frente han puesto en marcha una serie de medidas, cuya eficacia real es difícil de evaluar, y que a menudo producen efectos inesperados, difíciles de asumir.

¿Cuáles son las estrategias de las políticas públicas de los distintos países, en función de sus características específicas y sus ambiciones nacionales, respecto al radicalismo islámico? En efecto las políticas antiradicalización aplicadas por muchos gobiernos van desde la simple vigilancia hasta el encarcelamiento de sospechosos en zonas de detención específicas (Francia), la tortura (Estados Unidos, Egipto) o el internamiento masivo de más de un millón de musulmanes (China). El propio concepto de radicalización, omnipresente en el debate público desde las diversas oleadas de atentados terroristas que han afectado a países desde 2001, se ha convertido en una cuestión pública de primer orden. Esta atención a la llamada radicalización islámica, nunca claramente definida por los periodistas que utilizan el término, ha puesto al islam y a los islamistas en el punto de mira estigmatizándolos en nombre de la «culpabilidad por asociación».

Numerosos estudios académicos han intentado explicar los motivos y los procesos de radicalización en función de diversos factores y siguen siendo objeto de debate. Por otra parte, pocas investigaciones se han centrado en las respuestas dadas por los gobiernos para contrarrestar la radicalización, y esto es lo que fragiliza el apoyo de la opinión pública. Las distintas estrategias de prevención de la radicalización adoptadas por los países considerados convergen en la introducción de sanciones a los musulmanes en una fase cada vez más precoz, lo que plantea interrogantes en términos de discriminación étnica y racial, y de cohesión social.

Esta vigilancia alimenta una lógica de sospecha que conduce a formas de exclusión, disciplina y censura con vistas a una gestión preventiva y predictiva de los riesgos. Significa que la seguridad sobre las libertades se vuelve problemática porque pone en peligro el principio mismo en el que se basa el Estado de Derecho. En otras palabras, miembros seleccionados de mezquitas o asociaciones musulmanas vigilan y denuncian a sus correligionarios «dudosos». Sin embargo, los motivos de estas denuncias suelen ser simplemente prácticas religiosas ordinarias (llevar barba o velo, rezar en la mezquita...).

El resultado es un enfoque cada vez más anticipatorio de la justicia, en el que la sospecha de peligrosidad, en este caso vinculada a la religiosidad, prevalece sobre la culpabilidad real. Es probable que las políticas antiterroristas europeas comporten el riesgo de no sólo socavar lentamente los principios, instituciones y procesos democráticos que pretenden preservar, sino que además produzcan consecuencias no deseadas, desencadenando la violencia en lugar de disuadir.

Sin querer minimizar la peligrosidad creciente que supone la radicalización islámica, las alarmas en su contra pueden poner al islam en un indiscriminado punto de mira, con el riesgo de que un llamamiento a la delación de masas pueda ser la tentación para una siguiente etapa negativa con escasas perspectivas para las libertades.