Vivienda en alquiler asequible, querer es poder

Esta cuestión ya fue superada en Euskadi, de forma pionera, hace 22 años, cuando aprobamos la calificación permanente para todas las viviendas protegidas. Como consecuencia, hoy, 70.000 viviendas están calificadas como protegidas de por vida. Si a este parque de viviendas protegidas en venta sumamos las libres que se ofertan en alquiler asequible por los ayuntamientos y Bizigune, más los alojamientos dotacionales, podemos concluir que el parque de viviendas principales excluido del mercado libre puede alcanzar el 7,78%, duplica la media estatal.

De ellas, solo el 3% del parque de viviendas principales se ofrece en alquiler asequible; muy alejado del 20% que suele fijarse como umbral mínimo para poder tener una cierta influencia en el mercado. Consciente de ello, el Pacto Social de Vivienda ha establecido que para 2036 este porcentaje alcance el 5%. Este objetivo implica casi duplicar en diez años todo lo hecho en los veinte años anteriores. Ambicioso, pero no imposible si se adoptaran las medidas adecuadas. Después de más de 20 años de residir en viviendas protegidas, no es descartable que algunos deseen venderlas al Gobierno Vasco para poder comprar en el mercado libre. Esto ofrece al Ejecutivo una oportunidad de intervención, que no debería desaprovechar, de ir adquiriendo estos pisos protegidos, por sí mismo o con otros agentes sociales, para engrosar el parque de alquiler asequible.

Si hemos sido capaces de movilizar viviendas libres al régimen de alquiler asequible mediante Bizigune, más sencillo resulta hacerlo con pisos protegidos calificados como tales de forma permanente. ¿Por qué el Gobierno PNV-PSE no habla de esta posibilidad?

En primer lugar, porque la compra de VPO para el alquiler no estimula al sector promotor inmobiliario, que tan abducido tiene al Ejecutivo. En segundo, porque no dedican los recursos necesarios para afrontar la inversión que reclamaría esta adquisición progresiva de vivienda. Por el contrario, promueven una reforma legal que deja más dudas que certezas, para que el Gobierno obtenga suelo de forma directa, al margen de los convenios con ayuntamientos, pero a cargo de los mismos desarrollos urbanísticos.

Esta forma de actuar no va a generar más suelo para vivienda protegida. Y mucho menos permitirá disponer de inmediato de estas viviendas de alquiler asequible. La construcción de nuevos inmuebles protegidos y de alojamientos dotacionales reclama unos tiempos de los que no disponemos.

Atender una emergencia habitacional, como la que nos está indicando el Plan Director de Vivienda, exige movilizar las viviendas protegidas ya existentes hacia el régimen del alquiler asequible. La solución no pasa exclusivamente por construir sino por movilizar y captar. Y ahí tenemos la oportunidad de las 70.000 viviendas protegidas ya existentes para poder intervenir desde lo público en favor del alquiler asequible de forma rápida y eficaz, actuando de manera directa o bien concertada con terceros promotores sociales.

Es más fácil echar la culpa de la insuficiencia de los parques públicos de vivienda en alquiler a los ayuntamientos, que tienen su cuota de responsabilidad, antes que asumir la que le corresponde al Gobierno Vasco por su dejación en materia de planificación sectorial y por renunciar a la acción pública directa en favor de la vivienda protegida en alquiler.

Es urgente colocar la apuesta por la vivienda asequible a la altura de preocupación de la ciudadanía. Para ello es imprescindible incrementar, hasta duplicarla, la dotación presupuestaria en materia de vivienda, situándola, al menos, en el 1% del PIB.

El problema de acceso a la vivienda en Euskadi precisa de realidades y no de debates estériles y tramposos.