Padrón social, una propuesta que no deberían rechazar

Desde el punto de vista de los ayuntamientos, este requisito es fundamental para llevar a cabo una planificación de servicios y políticas públicas basada en datos reales. Y desde el lado de las vecinas no empadronadas es una necesidad hacerse visibles a los ojos de la Administración. No hay mayor exclusión (en el ámbito municipal) que la negación de la existencia misma, ya que la condición de vecino/ a solo se adquiere con la inscripción en el Padrón.

Otro problema que tiene el Padrón actual es que hay personas (nadie sabe cuántas) acogidas por familiares o amigos, así como trabajadoras del hogar y los cuidados internas, que no pueden empadronarse allí donde viven, y lo hacen en otro domicilio pagando por ello. Para la Administración esta realidad queda oculta, para las personas que se encuentran en dicha situación es sumamente gravosa, ya que deben sumar al pago del alquiler el del empadronamiento en otro domicilio, y para la sociedad supone la persistencia de un vergonzoso negocio de padrones. De que el empadronamiento es una necesidad para la inclusión social da fe el hecho de que se pague por ello.

Por todo ello, nuestra propuesta se concreta en la extensión del padrón social a todos los casos en los que concurra una exclusión residencial. En nuestra opinión, plantear el padrón de oficio en el lugar donde se reside, sin tener en cuenta que en la mayoría de los casos supondría perder la residencia, no solo no es una solución, sino que agravaría el problema. Así lo entiende el Ayuntamiento de Donostia (mayoría de gobierno PNV-PSE), que ha abierto la puerta al empadronamiento social, no solo a las personas en situación de calle o residiendo en infraviviendas, sino también contemplándolo como «aquel en el que se empadrona a una persona en un lugar distinto al de su residencia real. Porque la persona propietaria de la vivienda en la que vive no le permite empadronarse y la persona en cuestión no se atreve a hacerlo».

La propuesta de extensión del padrón social tiene una sólida base legal en el Código Civil cuando dispone que «las normas se interpretarán según (...) la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquellas». La realidad social viene dada por la existencia de una parte de la población que no encuentra residencia con opción de empadronamiento; y el espíritu y finalidad de la ley no pueden ser más claros al dictaminar que «toda persona que viva en España está obligada a inscribirse en el Padrón del municipio en el que resida habitualmente».

Que esta materia puede ser regulada en el ámbito municipal lo resolvió la Comisión Permanente del Consejo de Empadronamiento (19-6-1997): «las leyes se interpretan por el órgano encargado de aplicarlas, en este caso el ayuntamiento correspondiente y su interpretación solo podrá ser revisada por los tribunales». Y por último, el hecho de que el padrón social es una solución posible y realista viene avalado por la propia realidad. Madrid lo aplica desde 2020; Donostia, como se ha mencionado, también lo contempla y así mismo figura en los criterios aprobados por la Federación de Municipios y Concejos de Navarra.

Nuestra propuesta garantiza un Padrón municipal real, que además permite conocer todos los casos de personas en exclusión residencial y desarrollar políticas municipales al respecto, lo que termina con el vergonzante mercado de padrones y que hace del empadronamiento un instrumento de acceso y garantía de derechos e inclusión social. Parafraseando la más conocida frase de 'El padrino', en este caso basada en argumentos y razones: planteamos una propuesta que los ayuntamientos de Euskadi no deberían rechazar.

89 asociaciones y organizaciones de Bizkaia apoyan la plataforma Erroldarik gabe izaterik ez/ Soy tu vecina pero sin padrón no existo.