Una fiscalía anticorrupción en Euskadi por ley

En Euskadi hay corrupción. Nos merecemos una Fiscalía Anticorrupción», así de tajante se mostró el fiscal superior del País Vasco, Juan Calparsoro, en unas declaraciones en septiembre de 2014. Por aquel entonces, su petición de creación de una Fiscalía Anticorrupción en Euskadi fue aprobada por el Consejo Fiscal y el Fiscal General de aquel momento, Torres-Dulce, anunció que la promovería de manera 'inmediata'. Hubo un cambio de opinión unos meses más tarde, y se anunció una fiscalía especializada (nombrada por la Fiscalía Superior territorial) en vez de una delegada (dependiente de la Fiscalía Anticorrupción). Nunca más se supo. Y mientras, la creación de una fiscalía anticorrupción en Euskadi sigue ocupando espacio en los debates, en resoluciones del Parlamento Vasco y en las reivindicaciones de algunos partidos políticos como medida contra la corrupción y el clientelismo.

¿Por qué en 2018 todavía no hay una Fiscalía Anticorrupción en Euskadi? ¿Qué ha pasado desde el anuncio 2014 para que Euskadi siga teniendo menos recursos que otras comunidades autónomas para luchar contra la corrupción y el clientelismo? ¿Hay una mano negra que bloquea las iniciativas en Madrid o es simplemente desinterés por el dinero público vasco? No existen unos territorios que sean esencialmente corruptos y otros que no. No es posible diagnosticar únicamente a través del número de procedimientos penales en curso el nivel de corrupción real. Es precisamente la falta de medios para llevar a cabo investigaciones independientes la causa de que muchos comportamientos vinculados a la corrupción se han mantenido «por debajo del radar» de la fiscalización. Dicho de otra manera: es precisamente la existencia de una fiscalía especializada la que hace que afloren más casos.

¿Alguien se atreve a afirmar, a día de hoy, que Euskadi no necesita una Fiscalía Anticorrupción? El juicio del caso De Miguel ha puesto con intensidad la corrupción en la agenda política y mediática de Euskadi. Pero hay muchos otros casos que ilustran una política vasca donde el clientelismo es una forma de entender las instituciones por quienes llevan décadas en ellas: Txomin Renteria, regidor de Bakio del PNV durante 16 años condenado a 2 años y 6 meses de prisión por los delitos de falsificación de documento público y fraude a la administración; Gonzalo Riancho alcalde de Muzkiz por EA y posteriormente concejal del PNV condenado a siete años de inhabilitación por un delito de prevaricación; Gabino Martínez de Arenaza y Aitor Santisteban alcaldes del PNV declarados responsables de la gestión ineficiente de la sociedad urbanística Alonsotegi Eraikiz que supuso un agujero de 4,1 millones de euros; caso Purines, más de 10 millones de euros en ayudas públicas despilfarrados y 3 políticos del PNV condenados; Caso Margüello, 10 años de instrucción para demostrar que ser amigo personal de un consejero de salud del PNV ayuda a forrarse.

Euskadi está claramente en desventaja respecto a otros territorios, que sí tienen Fiscalía Anticorrupción como Cataluña, Madrid, Baleares, Andalucía, Murcia, Canarias o País Valenciano. Es decir, tiene menos medios materiales y humanos para detectar, juzgar y castigar los casos de corrupción y clientelismo, y esto es algo que han dejado claro la investigación e instrucción de casos como De Miguel y Margüello.

Para Elkarrekin Podemos la lucha contra la corrupción y el clientelismo es la base de la regeneración democrática, la decencia política y la igualdad de oportunidades. Para ello, hemos de poner todos los medios materiales y personales posibles con el fin de identificarla, juzgarla y condenarla en Euskadi. Y el camino que hemos elegido para demostrar nuestro compromiso con la calidad democrática es hacer que Euskadi tenga una Fiscalía delegada Anticorrupción por ley. Hemos registrado una ley para sea obligatorio la existencia de al menos una Fiscalía Anticorrupción delegada en cada Comunidad Autónoma. Así de simple. Una cuestión vital como son los recursos para combatir el despilfarro de recursos públicos que suponen la corrupción y el clientelismo, no puede estar en manos de la decisión y el criterio individual de una persona, sino que debe asegurarse por ley en todos los territorios.