Plan de choque en Vivienda
Euskadi encara una reforma de la ley del Suelo de Madrazo de 2006 ante la crisis de oferta que sufren las clases medias y bajas
Cuando el Gobierno Vasco se acerca a su primer año de la legislatura, el Departamento de Vivienda lanza un plan de medidas de choque para ... favorecer el marco administrativo que busque incrementar el número de viviendas disponible para el parque habitacional de Euskadi. El problema para acceder a un vivienda digna en la CAV es la principal preocupación de los vascos, que ya no sólo afecta a los sectores más vulnerables, sino que angustia también y cada vez más a la clase media, incapaz de encontrar pisos en venta y a precios accesibles.
La cartera vasca de Vivienda que lidera el socialista Denis Itxaso da así un giro de 180 grados a la política desplegada en Euskadi a partir de 2006 con la conocida como Ley Madrazo y se aleja de ciertos dogmas para facilitar la construcción de más pisos en suelo edificable al poder descender del 75% hasta el 60% la exigencia de construcción de VPO, incentivando así que las constructoras aborden proyectos con más seguridad de viabilidad. La propuesta, que flexibiliza las condiciones para la edificabilidad de vivienda protegida en los diferentes municipios vascos, busca frenar una galopante crisis habitacional. De esta manera, el Gobierno Vasco posibilita que los ayuntamientos adecuen a sus necesidades el porcentaje de obligatoriedad de edificabilidad en una horquilla que podría descender al 60% y que, en todo caso, seguiría siendo la más alta del Estado, ya que la mayoría de las comunidades autónomas topa esa exigencia en el 50%.
Tal y como se hizo en 2006, el Gobierno Vasco escoge la vía de la proposición de ley. De esta manera, los propios partidos que forman el gabinete de Pradales –PNV y PSE– registrarán en las próximas seis semanas el texto para que la nueva normativa pueda ser efectiva antes de fin de año. El Departamento de Vivienda elige el camino más rápido para ejecutar la medida y evita la siempre sinuosa de elaborar una nueva Ley del Suelo, que podría dilatarse en el tiempo, cuando lo que se precisa con urgencia son medidas inmediatas para atajar el problema de la vivienda. Ahora bien, la búsqueda del consenso siempre deberá ser un objetivo, lo que obligará a todos los partidos a huir del regate corto, dejar los dogmas extremos a un lado y actuar con la responsabilidad y el debate que la crisis de vivienda demanda. Los ciudadanos necesitan saber que la política debe responder al arte de solucionar los problemas y no a crear más.
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