La comparecencia del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ante el Tribunal Supremo en calidad de imputado es un hecho sin precedentes en democracia. ... Su negativa a responder a las preguntas del juez instructor, y a las de la acusación, respondió al derecho de cualquier investigado a no declarar. Aunque resulta inexplicable que, al parecer, el responsable máximo del Ministerio Público lo justificara tachando el procedimiento que sigue el magistrado Ángel Luis Hurtado de actuación «condicionada por una certeza que le impide descubrir la verdad», y de «allanamiento» el registro de su despacho oficial por orden del Supremo.
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Es evidente que el caso ha tensado las relaciones entre los poderes del Estado. La imagen de quien debe velar por el cumplimiento de la Ley entrando en el Supremo para dar cuenta de si infringió la legalidad ensombrece al Estado de Derecho. Pero, llegados a este punto, la única manera de que las aguas de la división de poderes regresen al cauce que no debieron desbordar es que la investigación siga adelante sin que desde la Fiscalía General o el Gobierno se proceda, expresa o veladamente, a juicios de intenciones contra integrantes del Poder Judicial.
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