Faltan más explicaciones
La decisión de Educación de contratar como asesor legal en el conflicto con los autobuses a un responsable de una de las empresas del sector resulta políticamente muy difícil de defender
El consejero de Educación ha solicitado comparecer en el Parlamento Vasco para rendir cuentas por la gestión del conflicto con las empresas de autobús por ... las rutas de transporte escolar. El Gobierno Vasco contrató como abogado externo a un asesor de una de las empresas del sector. Jokin Bildarratz está obligado a dar ese paso de transparencia, después de que el lehendakari, visiblemente molesto y en un gesto sin precedentes, le urgiera en público la pasada semana a aclarar el caso y la oposición exigiese explicaciones por lo que considera «un escándalo mayúsculo». El relato de los hechos se complica al haber reconocido ayer, en contra de la primera versión oficial, que su área conocía los intereses con Autobuses Urpa del abogado al que contrató –es miembro de su consejo de administración, en el que también ejerce de secretario–, que llegó a asistir a reuniones con el sector en representación del Gobierno. Además, dio por bueno el argumento del letrado de que entre ambas funciones no existía ninguna incompatibilidad. Este hecho puede ser así desde un punto de vista legal, pero estética y políticamente resulta muy complicado de sostener.
A la vista de la correlación de hechos, un responsable con la dilatada experiencia de Bildarratz debe asumir que un asunto de esta naturaleza requiere de las explicaciones necesarias, por mucho que insista en que el proceso ha sido «limpio». Como ha subrayado la propia presidenta del PNV de Bizkaia, Itxaso Atutxa, «hay unas normas éticas, más allá de las legales, que limitan este tipo de participaciones». Educación no lo tuvo en cuenta en su momento y ahora basa su defensa principal en que las adjudicaciones a la empresa Urpa se resolvieron antes de la petición de asesoramiento legal. No comprender que resulta poco defendible contratar como asesor a un abogado con evidentes responsabilidades en el sector, resulta sorprendente en los tiempos actuales, en los que la exigencia de ejemplaridad y transparencia en las instituciones debe ser máxima.
Si Bildarratz fue informado de que el asesor legal al que pidió ayuda tenía intereses en el sector, en ese momento se debería haber resuelto la colaboración. Todo lo demás obliga al consejero a ofrecer argumentos más convincentes que los esgrimidos hasta ahora.
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