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La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, presentó ayer a los agentes sociales su propuesta de incrementar el Salario Mínimo Interprofesional en un ... 4,41%. Un aumento de 50 euros en cada una de las catorce pagas a aplicar este año, que dará lugar a mensualidades de 1.184 euros brutos; en total, 700 más que en 2024. Se trata de una subida superior a las planteadas por la comisión de expertos. Queda en el aire si ya este año habrá perceptores del SMI que deban contribuir al erario mediante el IRPF. El secretario general de CC OO, Unai Sordo, advierte de que no se puede aspirar a que los trabajadores que reciban el salario eludan siempre ese pago, porque «reduciría la educación fiscal del país», y rebaja la carga simbólica que Yolanda Díaz trata de conferir a esa eventual exención, en el capítulo de discrepancias con la parte socialista del Gobierno.
Más complicada parece la superación del desencuentro entre Díaz y el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, sobre la reducción de la jornada laboral. El acuerdo suscrito por la ministra de Trabajo obligaría al Gobierno a secundar el pacto. Pero mientras no sea ratificado por el Consejo de Ministros no podrá tramitarse legislativamente. Los avisos de CC OO y UGT, que anuncian movilizaciones si eso no se produce de manera inmediata, en ningún caso pueden adquirir más peso en la balanza de una negociación a tantas bandas que el desacuerdo mostrado por las organizaciones empresariales y la indisposición de partidos que sostienen al Gobierno, como Junts y el PNV, a apoyar la gestión de Díaz al respecto.
No es buena idea emplear iniciativas de alcance económico y social como bandera partidaria. Porque se encontrarán a merced de la incertidumbre. Ninguna prisa política debe orillar la prudencia. También a la hora de ponderar las consecuencias de una territorialización del SMI. Porque tampoco los sectores sociales a los que se cita como beneficiarios de la celeridad obtienen ventaja alguna de medidas que pierden su razón de ser cuando salen adelante a duras penas. En Euskadi, la reivindicación de un salario mínimo vasco, incluso por encima del nacional, ha unido a todos los sindicatos, en un gesto insólito tras años de fuerte división sindical. El Gobierno Vasco se ha dado de plazo este primer semestre para tener un cálculo del SMI propio, adaptado a la realidad socioeconómica vasca, antes de presentarlo a una mesa de diálogo abierta a patronal y centrales.
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