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Un despropósito

El veto ayer del PP en el Senado a las transferencias pendientes no pareció reparar en que el Estatuto y el autogobierno vasco forman parte del perímetro del Estado constitucional. Están dentro de él, no contra él

La moción con la que el PP provocó ayer, apoyándose en su mayoría absoluta, que el Senado rechazara traspasar a Euskadi la treintena de transferencias negociadas por los ejecutivos de Pedro Sánchez e Iñigo Urkullu supone una preocupante involución para el necesario consenso en torno al cumplimiento del Estatuto de Gernika y el desarrollo del autogobierno vasco. El partido de Pablo Casado no tiene por qué sentirse concernido por la totalidad de las materias sujetas al diálogo entre ambos ejecutivos, distorsionado por el ruido del ciclo electoral. De hecho, es conocida su oposición a ceder el control de Prisiones, aunque la competencia esté recogida en la ley estatutaria; de la misma forma que los populares pueden ejercer su oposición a Sánchez exigiendo al presidente que no vincule su continuidad a un mero mercadeo con los traspasos pendientes. Un mercadeo que deberían evitar todos los ejecutivos -de cualquier signo, en Madrid y en Vitoria-, trocándolo en un compromiso tasado con el autogobierno vasco no condicionado por el recurrente tira y afloja con las mayorías y minorías parlamentarias. Pero la iniciativa del PP ayer en el Senado ha acabado derivando en un despropósito. Despropósito porque es contraproducente, en el terreno institucional, confrontar a la Cámara que representa al Estado autonómico con las negociaciones legítimas establecidas por los poderes ejecutivos español y vasco, amparadas además por resoluciones del Parlamento de Vitoria. Despropósito porque las competencias objeto de conversaciones están llamadas a cumplir la legalidad estatutaria cuatro décadas después de su aprobación. Despropósito, al fin, por el tono desmedido que utilizó la portavoz popular en la sesión, Esther del Brío, cuyas acusaciones contra Sánchez de «vaciar España» no parecieron reparar en que el Estatuto de Gernika, el autogobierno de Euskadi y su singularidad forman parte del perímetro del Estado constitucional; están dentro de él y no contra él o contra las reivindicaciones que puedan abanderar otras comunidades. El cumplimiento estatutario es obligado, pero siempre reforzará su legitimidad si se teje sobre complicidades y consensos lo más amplios posibles. La incomprensible diatriba de ayer introduce una perjudicial incertidumbre, al dejar nuevamente las competencias al albur de la nueva configuración de las Cortes tras el 28-A. Lo que compromete también al presidente Sánchez y al PNV más allá de los intereses en juego en el alambicado tablero electoral.