La crisis de la libertad

Más allá de la pandemia, se cierne sobre nosotros la era del antropoceno, tiempo geológico producido por el ser humano que tendrá como inevitable consecuencia un cambio climático que ya condiciona la actividad humana desde distintos puntos de vista. La lucha contra ese cambio climático nos obliga a reconsiderar la relación entre la sociedad y la naturaleza. La teoría y la praxis de las constituciones se centraban desde hace casi tres siglos en la creación de espacios de libertad con respecto al poder. Nuestra tarea ahora será repensar esa libertad, que hemos venido entendiendo en sentido negativo y cuyo uso parece estar produciendo un preocupante escenario de escasez.

La Unión Europea y los gobiernos de los Estados miembros anuncian problemas otoñales para mantener el suministro de energía como consecuencia de la guerra en Ucrania. Ya no se trata solo del encarecimiento de materias primas debido a la inflación, sino de un contexto en el que el poder público puede verse en la necesidad de planificar, mediante la redistribución y la limitación de recursos, ámbitos de la actividad humana que antes estaban sujetos a la plena libertad. Las dos crisis &ndashclimática y bélica&ndash convergen para ratificar algo que intuíamos: que hemos ingresado en una sociedad del riesgo en la que conceptos como límite y precaución sustituyen a confianza y progreso de la modernidad.

En términos de libertad política, las consecuencias de este nuevo y grave paisaje que nos interpela son bien conocidas. En la democracia representativa, sujeta a la alternancia partidista, predomina el presentismo. Es decir, no se contemplan programas serios en los que se prometa austeridad material como consecuencia de la necesidad de hacerse cargo de los intereses de las generaciones futuras. La solución pasaría por ampliar los bienes constitucionales que quedarían al margen de la disputa pluralista; es decir, diseñar jurídicamente una sociedad menguante en la que recursos globales como el agua, la energía y el medio ambiente fueran objeto de una especial conservación. El problema de este diseño es que todo lo que entra en la Constitución sale de la política. La 'neutralidad carbónica' es un principio que restringe la capacidad de los órganos constitucionales para tratar de ordenar la realidad y cuanto más se reduce el ámbito del pluralismo, más oportunidades se ofrecen para que sea la propia norma fundamental la que entre en la contienda ideológica.

Las cosas no mejoran desde el plano de las libertades individuales. Acaso hay que recordar que dichas libertades son modernas en el sentido advertido por Benjamin Constant en su famosa conferencia del Ateneo de París: el goce privado, el consumo y el disfrute de las ventajas del comercio han transformado nuestra concepción de la libertad. La libertad con mayúsculas queda para esos fragmentos que las constituciones llaman derechos fundamentales. Piénsese en qué sucederá cuando esa vida de que tanto nos gusta &ndashuso del coche particular, viajes, ropa, alimentación y otros placeres del capitalismo&ndash se vea corregida por carencias materiales del planeta o por la decisión de reducir el impacto ambiental de nuestras costumbres.

No es lo mismo que nos corten la calefacción o nos reduzcan el tiempo de ducha porque Putin ha cerrado el abastecimiento de gas que plantear preventivamente medidas normativas que reduzcan el impacto de la huella ecológica que producimos (hasta un 75% del calentamiento global). En ambos casos se afecta a la igualdad &ndash¿quién puede permitirse la tecnología de una vida sostenible?&ndash, pero se pone en cuestión la forma de vida levantada sobre una libertad de hacer que ve negada una de sus premisas básicas: la infinitud de los recursos. La esperanza de que las nuevas religiones políticas o la moralización activista puedan resolver la crisis de legitimidad me parece vana.

Recordemos que no hay libertad que no esté sometida a la necesidad. Por ello, también me parece errado el enfoque que pretende situar el medio ambiente o la energía en el supermercado de los derechos: la solución a la lógica catastrofista del antropoceno pasa por un nuevo maridaje entre Estado y mercado redimensionado a través de un constitucionalismo más realista. Ese realismo implica reconocer que no hay libertad sin responsabilidad y que los ciudadanos no solo cuentan con una nómina inacabable de derechos, sino con no pocas obligaciones que ahora se tienen que dirigir hacia la sensibilidad ambiental que se consolida.