El Código Penal de los excluidos

Es imprescindible reformar una legislación que se ceba con el más desfavorecido y castiga conductas con penas desproporcionadas si se compara con las de los delincuentes económicos

DEMELSA BENITOProfesora de Derecho Penal de la Universidad de Deusto

El Código Penal necesita una reforma. La afirmación es tajante. Mucho se ha hablado en las últimas semanas de la modificación del mismo en lo concerniente a los delitos contra la libertad sexual. Sin embargo, lo cierto es que el Código Penal necesita una reforma mucho más profunda y, por qué no decirlo también, mucho más meditada, que no se haga a golpe de telediario, aunque mucho me temo que aquellos a los que debe proteger esta necesitada reforma saldrán poco en las noticias: los excluidos del sistema.

Es imprescindible una renovación del Código Penal que lo convierta en un texto digno del Estado social de Derecho que proclama el artículo 1 de la Constitución. ¿Pero acaso no tenemos ahora un Código Penal digno de ese Estado social de Derecho? No. De nuevo, la afirmación es tajante. Nuestro Código Penal es, en buena medida, discriminatorio; es de exclusión; es de aporofobia (rechazo a los pobres), por emplear la recién incorporada palabra al diccionario de la RAE. En efecto, se ceba con el excluido del sistema mientras que da facilidades al 'amigo' de dicho sistema para eludir las consecuencias de sus actividades delictivas. ¿Cómo explicar, si no, algunas de las penas que en él se prevén? Pensemos, por ejemplo, en el popular top manta, esa venta callejera de productos falsificados llevada a cabo normalmente por inmigrantes en situación irregular (el paradigma de la persona excluida del sistema). El delito básico se castiga con una pena de prisión de seis meses a dos años, aunque es cierto que se prevén atenuaciones de la pena en determinadas circunstancias. Esos seis meses de prisión son también el límite mínimo en el delito de blanqueo de capitales, delito por excelencia para los 'amigos' del sistema.

¿Dónde queda la proporcionalidad entre unas conductas y otras? ¿Y qué decir del delito de financiación ilegal de partidos políticos? Un delito también para los 'amigos'. El delito básico ni siquiera lleva aparejada pena de prisión. ¿Y qué hay de la defraudación fiscal? El Código Penal entiende que se da este delito cuando se defraudan más de 120.000 euros (por debajo, no se considera un delito sino una infracción administrativa que se sancionará con una multa, nunca con pena de prisión). Pues bien, la pena mínima para los defraudadores es de un año de prisión (la máxima, cinco). Piensen en el beneficio que obtiene el mantero y en el beneficio que obtiene el defraudador. Pero aún hay más, el 'amigo' del sistema puede defraudar cuanto le venga en gana porque para eso se inventó el legislador la regularización fiscal, un mecanismo que prevé el propio Código Penal para exonerar totalmente de pena a los defraudadores que paguen lo que deben. ¿Creen que se prevé algo así para el que sustrae una cartera con 50 euros y la devuelve? No, no existe.

Como se ha destacado, el Código Penal se ceba con el más desfavorecido castigando conductas de escasa lesividad con penas desproporcionadas si se comparan con las penas para los delincuentes económicos. Pero hay otro problema, y es que al excluido se le ofrece escasa protección ante los delitos de los que suele ser víctima. Para ello, podríamos fijarnos en los delitos contra los derechos de los trabajadores. Tengan en cuenta que para el Código Penal, trabajador también lo es el que está en una situación irregular. Pues bien, aun así, las condenas por explotación laboral en nuestro país brillan por su ausencia. ¿Y qué decir de la trata de seres humanos? No confundirla con el tráfico de migrantes. La trata es la captación de una persona a través de determinados medios (violencia, intimidación, engaño…) para posteriormente explotarla de diversas formas (laboralmente, sexualmente, en la mendicidad, sometiéndola a un matrimonio forzoso, etc.). ¿Quién es víctima de este delito? De nuevo, los excluidos del sistema; destacando especialmente las excluidas del sistema: mujer, extranjera y pobre son tres características que hacen de la persona una perfecta víctima de este delito. Las condenas por este delito siguen siendo escasas pese a su incorporación al Código Penal hace ocho años. Y hay más, ¿se protege al excluido ante comportamientos de odio? Se castigan con más pena los delitos que se comenten por motivos discriminatorios (relacionados con la ideología, religión, creencias, etnia, raza, nación de la víctima, sexo, orientación o identidad sexual, género, enfermedad o discapacidad). Un amplio catálogo en el que no se incluye el desprecio al pobre, pese a que son blanco de agresiones y de otros ataques motivados exclusivamente por su condición de pobres, como ha puesto de manifiesto la fundación RAIS en su último informe.

Ciertamente, las leyes penales han sido desde antiguo discriminatorias con el desfavorecido. Basta recordar la célebre frase del escritor francés Anatole France: «La ley, en su magnífica ecuanimidad, prohíbe, tanto al rico como al pobre, dormir bajo los puentes, mendigar por las calles y robar pan». Es obvio que solo los excluidos del sistema realizarán tales conductas, y otras que hoy nuestro Código Penal considera delictivas (top manta, hurtos mínimos, ocupación no violenta de bienes inmuebles, etc.), por lo que las preguntas para la reflexión que debemos hacernos son, por un lado, ¿qué legitimidad tiene el Estado para castigar a quien nunca ofreció una oportunidad en el tan proclamado Estado social de Derecho? Y por otro, ¿qué hace el legislador penal para proteger al excluido de los delitos que es víctima por su condición, precisamente, de excluido?

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