CIUDADANÍA CRÍTICA Y JUSTICIA RESPONSABLE

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos forma parte de nuestro sistema pero no deja de ser una última válvula de seguridad

José Luis Zubizarreta
JOSÉ LUIS ZUBIZARRETA

No ha sido una buena semana para las altas instancias judiciales. Al tremendo lío en que se ha metido el Tribunal Supremo a causa de la mala gestión del impuesto sobre las hipotecas se ha sumado la corrección que la Audiencia Nacional, junto con el citado Supremo y el Constitucional, han recibido de su homónimo Europeo de Derechos Humanos por la falta de imparcialidad y justicia en que incurrieron en el caso Bateragune. Si, en uno, se pecó de imprudencia procesal, en el otro quedaron mal paradas las cualidades que más deberían adornar a todo tribunal. En ambos casos, la Justicia ha sufrido un enorme quebranto en el momento en que más necesario le era mantenerse incólume.

Lo saben bien quienes se aprovechan de estos casos para socavar el crédito de la Justicia y el Estado de Derecho. Ocurre que quienes más burla han hecho y hacen de esas instituciones son los que con mayor escándalo se rasgan las vestiduras y las declaran definitivamente muertas, presentándose a sí mismos como sus auténticos defensores. Tal es el caso de los condenados en el caso Bateragune y de los secesionistas catalanes. Los unos para redimir, mediante la persona interpuesta de una Justicia devaluada, su irredento pasado; los otros para declararse de antemano inmunes a lo que resuelvan en el futuro unos tribunales de antemano desacreditados.

La actitud de estos oportunistas, aparte del descrédito que pueda transmitir a su entorno respecto de la Justicia y el Estado de Derecho, crea no poca incomodidad también entre quienes, desde la actitud opuesta, querrían mantener una postura de vigilancia respetuosa, pero crítica, hacia tales instituciones. La repugnancia de éstos a verse asociados con aquellos ha constituido un freno a la expresión del reproche que a veces han merecido quienes ejercen la Justicia y con mayor ahínco deberían defender el Estado de Derecho, y que, de haberse hecho con libertad, podría haberles ayudado a mantenerse alerta. De esto sabemos demasiado en este pequeño país nuestro, en el que más de cerca nos ha tocado vivir tiempos en que los tribunales adquirieron un protagonismo desmesurado. Demasiadas voces permanecieron calladas, por temor a formar coro con otras indeseadas, cuando más falta habría hecho que se dejaran oír para expresar su crítica sincera de los abusos que podrían estar produciéndose. El caso Bateragune, además de otros relativos a la negligente actitud de la Justicia ante acusaciones de malos tratos o tortura, que también han merecido corrección por parte del TEDH, es un ejemplo de ello.

Se ha dicho que, en este caso, el TEDH no ha entrado en el fondo. Menos mal. Porque, más allá de la parcialidad, todo el proceso dejó demasiado que desear. Ni el instructor Garzón ni los tribunales que se limitaron a repetir sus argumentos supieron entender lo que la izquierda abertzale estaba protagonizando en aquellos decisivos años e interpretaron los hechos en el sentido opuesto al que la realidad posterior demostraría. Se dejaron llevar por la inercia del pasado, en vez de, como más tarde reconocería Garzón, por el análisis desapasionado de los hechos. Por usar la expresión de un destacado miembro del Supremo, en esos años de plomo, la Justicia puso el Estado de Derecho «al rojo vivo», en referencia a la enorme tensión a que lo sometió y a los límites que en ocasiones traspasó.

No es agua pasada. Es, más bien, un aviso a la ciudadanía y a los tribunales de la obligación que ambos tienen de mantener una actitud vigilante y rigurosa en sus responsabilidades. El presidente del TSJPV ha dicho que «la Justicia ha funcionado». Y es cierto en cuanto que el TEDH no es una instancia ajena, sino que forma parte de nuestro sistema. Pero no deja de ser la última válvula de seguridad, que no debería llegar a dispararse, si queremos que «nuestra» Justicia sea creíble. Por eso, frente a los casos con que ésta ha de vérselas en el inmediato futuro, la ciudadanía hará bien en recuperar su actitud de vigilancia crítica y los jueces -cuyo poder emana de aquella- el nivel de rigor que en los últimos tiempos han perdido. De otro modo, la última válvula de seguridad volverá a dispararse y la alarma traspasará nuestras fronteras para descrédito del país entero.

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