El archipiélago vasco de los servicios sociales

A pesar de las dificultades presupuestarias, es innegable que se han producido avances en los últimos ejercicios. Las políticas de servicios sociales constituyen un campo cuya propia definición e identificación ya es de entrada difícil -tal y como han trabajado profusamente Fantova, Del Pino o Aguilar Hendrickson entre otros-, por lo que la aprobación del derecho subjetivo y de un catálogo y una cartera de servicios que lo clarifique constituye una buena noticia. Lo primero asegura que los servicios sociales se erijan como un pilar adicional del Estado de Bienestar vasco junto con la educación, la sanidad o la vivienda, mientras que la creación del catálogo y de la cartera busca disminuir las diferencias en el acceso y uso de estos servicios dependiendo de si la persona usuaria se encuentra en Gipuzkoa, Álava o Bizkaia. Estos avances hacen que un elemento que previamente tenía mucho de graciable esté ahora transitando hacia estándares de regulación. Por otra parte, el mantenimiento de los estándares de inversión pública en unos años de descenso de recaudación se puede destacar como un avance respecto a la sensibilidad por la materia.

Sin embargo, tenemos la sensación de que se quiere dar respuesta a retos y demandas del presente con estructuras del pasado y que, en ese sentido, muchas de las cuestiones en relación con la gobernanza del sistema de servicios sociales, su arquitectura institucional o los pasos que se puedan dar para su conocimiento y legitimación por parte de la ciudadanía quedan todavía lejos en este décimo aniversario de la ley. En otras palabras, todavía nos enfrentamos a retos sociales del siglo XXI con un chasis estructural poco conocido y fabricado en los años 80.

La gobernanza del sistema es uno de los elementos que no se ha abordado durante este tiempo dado que, según parece, se considera correcta, aunque una gobernanza multinivel con todas las instituciones del país con responsabilidad en la materia (modelo que existe en la actualidad) no parece la más apropiada. Este modelo hace que, en realidad, las instituciones de referencia sean las diputaciones forales y los ayuntamientos, lo que a su vez provoca la percepción de un sistema fragmentado de forma territorial pensado en otra época y desde otra lógica. Esta fragmentación se puede observar, por ejemplo, en la tarifa máxima que una persona podría pagar por acudir a un centro de día en cada uno de los territorios históricos. Así, esta tarifa es de 16,50 euros en Gipuzkoa, 16,77 en Álava y 57,98 en Bizkaia. La diferencia entre lo que pagaría una vecina de Ondarroa y una de Mutriku sería, por lo menos, de 40 euros al día. Estas son diferencias de acceso claras y, de forma acumulativa en el tiempo, pueden generar desigualdad.

En este sentido, las políticas de servicios sociales en la Comunidad Autónoma Vasca resultan ser unas de las políticas públicas que obtienen una nota más baja en su valoración en el DeustoBarómetro. En el último cosechaban un aprobado raspado (5.0), siendo esta su mejor nota en la evolución realizada en el periodo 2013-2017. No hay duda de que una porción de esta valoración se debe al desconocimiento por parte de la ciudadanía de qué servicios conforman el ámbito de los servicios sociales. Un elemento que se podía haber abordado a través del impulso de una imagen conjunta, una visión conjunta, una idea conjunta de sistema. Son claves desde las que no se ha podido (o querido) actuar.

En la resaca de la crisis, los retos asociados al sistema de servicios sociales se encuentran en primera línea de las preocupaciones ciudadanas y, nos atreveríamos a decir, también de la agenda pública. Las cuestiones relativas al envejecimiento demográfico, a las tareas de cuidado de las personas en situación de fragilidad y a las nuevas -y no tan nuevas- situaciones de pobreza son debates que se producen casi a diario en cualquier cafetería de nuestros pueblos y ciudades. Si a estas cuestiones les sumamos la protección de la infancia (tema de rabiosa actualidad después de lo sucedido en Otxarkoaga), la fricción generacional que está empezando a surgir o el debate entre empleo y desarrollo tecnológico, tenemos ya todos los elementos que indican la prioridad de las cuestiones tratadas.

Por ello es necesario, en el décimo aniversario de la Ley de Servicios sociales (también de la de garantía de ingresos), encender las luces largas y abordar, de una vez por todas, los elementos de gobernanza del sistema que permitan responder a los retos planteados de una forma más ágil y coordinada. Un único sistema -y no un archipiélago de tres islas- con una visión propia y un liderazgo claro que responda a las nuevas y futuras realidades sociales estableciendo un continuo de planificación, inversión y atención. Un sistema que gestione, desde una única institución, todos los servicios a los que tenga que dar respuesta. Una nueva versión, adaptada y mejorada, de un acompañamiento social de «la cuna a la tumba» para la sociedad vasca.

Un sistema que sea identificable por la ciudadanía y que, de esta forma, se legitime y valore socialmente. Un sistema que sea, por fin, uno de los pilares del bienestar en Euskadi y que se consolide como tal en la próxima década. Una idea clara para la próxima evolución del Sistema Vasco de Servicios Sociales.