Más allá de los gestos

El éxito del Gobierno de Sánchez sería mayor si consiguiera delimitar un proyecto político claro y realista, avalado por líneas de avance que adelantaran el sentido de esa nueva política

LUIS SANZOSociólogo

Las declaraciones de los miembros del nuevo Gobierno de España expresan la intención de abrir una nueva etapa en la política española, pero muestran también algunas significativas líneas de continuidad en esa política. Tanto como el compromiso con la Constitución en la cuestión catalana, llama la atención la nítida afirmación de la apuesta europeísta. La refleja la llegada al ministerio de Asuntos Exteriores de Josep Borrell, un líder que en la manifestación anti-independentista del 8 de octubre del pasado año mostraba una enseña de la Unión Europea para afirmar con rotundidad: «Esta es nuestra estelada. Tiene las estrellas de la paz, de la convivencia… Eso es lo que representa Europa». Constitución y Unión Europea son así la expresión de la apuesta de Estado que enlaza el gabinete de Pedro Sánchez con el de Mariano Rajoy.

Aunque es difícil saber qué significa hoy realmente Europa, la estrategia europeísta del Gobierno Sánchez responde a algunas convicciones dominantes en el socialismo español. La mejor posibilidad de redefinir la España del futuro y de recuperar el paradigma socialdemócrata se asocia, en esta perspectiva, al marco protector y racionalizador que representa la Unión Europea. Para quienes confían en un proyecto progresista de corte europeísta, Pedro Sánchez ofrece esperanza de renovación socialista. Estar a la altura de esa esperanza constituye, por ello, su principal desafío.

El firme compromiso europeo del nuevo Gobierno reducirá, sin embargo, su margen de acción política. El objetivo de control del déficit dificultará en particular el desarrollo de la España social que tiene en mente Pedro Sánchez, condicionada por la presión alcista del gasto en pensiones. Con unas pensiones de nuevo ajustadas a la línea marcada por el IPC y con una moratoria en la aplicación del factor de sostenibilidad, el mantenimiento del sistema tendrá un impacto significativo sobre el gasto público, con un incremento de su peso relativo que podría estimarse en torno a un 1,5% del PIB de cara a 2025.

En un contexto presupuestario predefinido por el Gobierno Rajoy, marcado además por el objetivo de reducción de la imposición por IRPF, la línea alcista en el gasto en pensiones limitará la capacidad del nuevo Gobierno para reducir las carencias existentes en otras dimensiones de la política social. Unas carencias que no sólo son evidentes respecto a países nórdicos sino a referentes tan directos como Alemania o Francia. En porcentaje de gasto sobre el PIB, España queda entre 0,4 y 1,3 puntos por debajo de esos países en gasto educativo, entre 2,6 y 2,7 en gasto sanitario y entre 2,3 y 2,6 en gasto en programas de apoyo a la infancia y las familias, vivienda y políticas contra la exclusión social. La aplicación en el conjunto de España de una política de garantía de ingresos como la existente en Euskadi implicaría, por sí sola, un gasto añadido cercano al 1,5% del PIB.

Las dificultades a las que se enfrenta Pedro Sánchez son también llamativas en lo relativo a la cuestión territorial. La apuesta independentista en Cataluña o la propuesta confederal de Euskadi encajan mal con las ideas hoy dominantes en el bloque de centroderecha en España. Este se orienta a reforzar el actual modelo constitucional o incluso a impulsar una reforma que pudiera asegurar un nuevo papel del Estado en esos territorios, en especial en el terreno educativo. En estos momentos, un acuerdo para una reforma consensuada de la Constitución de 1978 parece imposible.

De esta forma, el nuevo Gobierno ofrece esperanzas más que realidades, objetivos de modernización y gestos en una dirección deseada, o deseable, más que posibilidades reales de impulsar de forma decidida una nueva política a corto o medio plazo. Los retos a los que se enfrenta España van mucho más allá de lo que puede ofrecer un Gobierno en minoría. Requieren una estrategia a largo plazo, pactada y compartida por una mayoría social y política que delimite el tipo de país que se quiere, tanto en la dimensión social como nacional.

Esa estrategia está pendiente de definición y la mayor aportación que podría realizar el Gobierno de Pedro Sánchez sería poner sobre la mesa los retos a superar y las principales propuestas a considerar en una posible reformulación del pacto constitucional en España. Su éxito sería mayor si consiguiera además delimitar un proyecto político claro y realista, avalado por algunas líneas de avance que adelantaran el sentido de esa nueva política.

Perfilar ese proyecto y avanzar en su aplicación desde el Gobierno es, por tanto, un desafío al que se enfrenta el nuevo equipo de ministras y ministros. Implica concretar un modelo de política social y las bases financieras en que sostenerlo; un modelo de igualdad para una sociedad que se acerca al fin del proceso de transición hacia un mercado de trabajo con participación igualitaria entre hombres y mujeres; y, por encima de todo, un modelo productivo que haga posible esa realidad igualitaria. Es un proceso que se enfrenta, sin embargo, a algunas contradicciones que pueden anular la voluntad positiva que inspira este tipo de proyectos de modernización y desatar la temida reacción populista. Por citar una de esas contradicciones, basta recordar que en 2018 aún sigue perdido un 36,5% del empleo existente en 2008 en la industria y la construcción.

Para que la propuesta del nuevo Gobierno de Sánchez avance, en especial entre quienes ven la política española con mayor escepticismo, será necesario algo más que gestos. Ni siquiera un cierto éxito económico o un alto grado de control de los resortes del Estado son garantías suficientes en tiempos de inestabilidad política. Eso es, precisamente, lo que simbolizó la dura despedida política de Mariano Rajoy el pasado 1 de junio en el Congreso de los Diputados y Diputadas.