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Más allá de la dimisión

El Gobierno Vasco ha de encabezar, colaborando con la justicia, la depuración de los presuntos amaños de la OPE y rearmar la credibilidad de las pruebas

La dimisión formalizada ayer por el hasta ahora consejero de Salud, Jon Darpón, se había convertido en una medida tan obligada como inevitable a raíz de la judicialización de las filtraciones registradas en la última gran OPE de Osakidetza, a la que acabaron presentándose 72.000 aspirantes. Puede resultar discutible que Darpón cargue con la mácula de la renuncia -es el primer consejero que se ve forzado a cesar por un caso de presunto fraude- cuando el procedimiento ante los tribunales se encuentra aún en fase de instrucción y cuando el contundente informe de la Fiscalía y distintos testimonios, en público y en privado, sugieren tratos de favor en la calificación de los exámenes que no serían de hoy, sino reiterados a lo largo de los años. Pero el consejero, a punto de ser reprobado por la mayoría con que cuenta la oposición en el Parlamento, era el responsable político de la gestión de la crisis. Y esa gestión, amparada por el bipartito que comanda el Gobierno Vasco, ha tardado en admitir la gravedad de las denuncias y no ha sido capaz de anticiparse a sus predecibles consecuencias. Constituyó un error pensar que la remoción de tres cargos de Osakidetza -su anterior directora general, María Jesús Múgica; el jefe de Recursos Humanos, Juan Carlos Soto; y el director Económico, Ricardo Ituarte- bastaban como cortafuegos frente a unos indicios que primero se relativizaron y que luego obligaron a anunciar la repetición de las pruebas en tres categorías. Tanto estos ceses como el dictamen experto con 68 medidas para asegurar la limpieza de futuras OPE apuntalaban la convicción de que las filtraciones habían existido y redoblaban la exigencia para que se esclarecieran. Y el Ejecutivo incidió en la equivocación al rebajar el alcance de la investigación de la Fiscalía. Porque aunque los investigados, citados ya por la jueza, se limitan por ahora a tres jefes médicos, el relato recogido en las 19 páginas del documento contamina al conjunto de la oferta pública de empleo; y porque la fiscal sí apunta a la eventual responsabilidad de la dirección de Osakidetza en las anomalías detectadas. El lehendakari revindicó ayer la honorabilidad de uno de sus más estrechos colaboradores. Pero el problema no reside en la honradez del exconsejero, que nadie ha cuestionado hasta la fecha. Y sí en que el Gobierno ha de encabezar con determinación, colaborando con la justicia, la depuración de unos hechos que, de confirmarse, son delictivos. Y rearmar con las medidas que sean precisas la credibilidad y la transparencia en la selección de los facultativos de la Sanidad pública.