Australia, punta de lanza contra las redes sociales

Evidentemente, el principal objetivo de la ley que el Parlamento australiano aprobó el pasado mes de noviembre –en la que fija la edad mínima de acceso a ciertas redes sociales en 16 años– es prevenir los efectos perniciosos que esas redes tienen en los adolescentes. Para Albanese ya quedan pocas dudas de que el incremento en los índices de depresión y ansiedad, 'sextorsión', exposición a contenidos violentos y pornográficos o suicidio juvenil desde 2010 están íntimamente ligados a la utilización de estas redes sociales. Según la comisionada de 'eSafety' (seguridad online) en Australia, más del 80% de los preadolescentes en ese país utilizan a menudo las redes y las quejas de padres sobre los abusos y explotación de esos niños se han multiplicado de manera exponencial durante los últimos años (Time 14/04/2025). No es de extrañar por ello que, aunque la respuesta popular a la aprobación de la ley combinase el alivio y la indignación, todas las fuerzas políticas del país –desde los laboristas en el Gobierno hasta los conservadores en la oposición– se alineasen para sacar adelante la nueva legislación (Reuters 29/11/2024).

A pesar de que la revolucionaria iniciativa contó con el masivo respaldo tanto de padres como de educadores, es cierto que algunas otras voces se alzaron en su contra. Como cabía esperar, la mayoría de las críticas llegaron de las poderosas compañías que auspician estas redes y cuyos pingües beneficios se van a ver seriamente afectados. Elon Musk, dueño de X, acusó a Albanese y su gobierno de «fascistas» por restringir la libertad de expresión y TikTok sugirió que el primer ministro estaba empujando con su prohibición a los jóvenes a «lugares más oscuros de internet» (BBC News, Sydney 29/11/2024). Pero quizá la crítica de mayor enjundia llegó en una carta abierta al Ejecutivo australiano redactada por más de 140 expertos en salud mental que consideraban que la ley era demasiado «rudimentaria» al obviar los beneficios que el mundo digital ofrece a los jóvenes. En la misma línea, Amnistía Internacional se quejaba de que «la ley no tiene en cuenta las ventajas que las redes sociales tienen para los jóvenes, tales como la inclusión, los vínculos sociales y el sentido de pertenencia, que tienden a contribuir a su salud mental» (Amnistía Internacional 29/11/2024).

El propio Albanese ha admitido que la ley tiene sus limitaciones: «Se trata de una reforma histórica. Somos conscientes de que algunos jóvenes encontrarán otras vías de acceso, pero queremos mandar un mensaje a los dueños de redes sociales de que tienen que controlar sus contenidos y sus participantes». Como la ministra australiana de comunicación, Michelle Rowland, aclaraba en su página web, «esas compañías tienen la responsabilidad de ofrecer productos seguros y de garantizar la salud mental de los jóvenes australianos». Ambos mandatarios se enorgullecen de los resultados positivos que su iniciativa de prohibir el uso de los móviles en las aulas de los colegios –implementada el curso pasado– está teniendo tanto en el grado de atención de los estudiantes como en sus resultados académicos.

Sin embargo, los frutos de la nueva ley resultan todavía inciertos. No solo por la dificultad de decidir qué tecnologías utilizar para la verificación de la edad del usuario, sino también porque los propietarios de las redes ya están intentando «pasar el bulto» a las app stores en manos de Google y Apple, al considerar que ellas también tienen un grado de responsabilidad en el asunto. En cualquier caso, Albanese y su gobierno, que han recibido el apoyo popular en las elecciones del pasado 3 de mayo (El Diario Vasco 03/05/2025), se mantendrán firmes en su batalla contra las redes sociales debido a su convencimiento sobre los efectos nocivos que éstas tienen en el bien más valioso de su país: la juventud.